Santo Domingo.- El partido Opción Democrática dijo que la Procuraduria General de la República quiere encubrir la relación que existe entre el Presidente Danilo Medina Sánchez y el escándalo de sobornos de Odebrecht , por lo que respaldan la proclama de la Marcha Verde que en su última manifestación multitudinaria reclamó el sometimiento penal del Mandatario Medina.
“Las aseveraciones de Tacla acerca de la cercanía de Danilo con Odebrecht y las garantías de impunidad que ofrecía el país para trasladar la oficina de sobornos de la empresa a nuestra capital, sumado a las revelaciones hechas en varias ocasiones por el vicepresidente de la CDEEE en el sentido de que el presidente negoció directamente con Odebrecht luego de aprobado por el Congreso el contrato de Punta Catalina, y la confirmación del financiamiento ilegal de las últimas campañas electorales parte del imputado Temístocles Montás, ex ministro y miembro del CP del PLD, son indicios más que suficientes para que la Procuraduría actúe y proceda a iniciar una investigación” destacó Samuel Bonilla, Secretario General de Opción Democrática.
“Estas declaraciones no deben sorprendernos. Confirman lo que ya sabíamos. De hecho, ponen en entredicho a la justicia dominicana. Nos dan a entender que la Procuraduría General de la República no tiene la voluntad de investigar ni de hacer justicia pues tanto estas declaraciones del abogado de Odebrecht como otros testimonios jurados dan fe de la cercanía de Medina con una empresa que como la constructora brasileña ha reconocido ante diferentes tribunales internacionales sus actividades delictivas”
En ese mismo tenor, la organización política destacó la importancia de que no pasen desapercibidos los argumentos expresados por la magistrada Esther Agelán Casasnovas en su voto disidente en torno a las medidas de coerción impuestas a los imputados por los sobornos, en el sentido de que las delaciones premiadas de Odebrecht constituyen elementos de prueba que satisfacen los indicios probatorios. La entidad entiende que la jueza valoró en su justa dimensión la gravedad de los delitos de corrupción administrativa y lavado de activos que comprometen los intereses de la sociedad y la seguridad jurídica.
Opción Democrática subrayó la necesidad de que el país empiece a construir una alternativa política que trabaje por la justicia independiente y la separación de los poderes del Estado para garantizar un ejercicio de gobierno justo e igualitario en beneficio de todos los dominicanos y las dominicanas.
