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#OPINIÓN Potestades del TSE 

Por: Rafael Ciprián

Muchos son los que creen que las potestades del Tribunal Superior Electoral (TSE) se circunscriben solo a lo consagrado en el artículo 214 de la Constitución. Parten del criterio de que si la Carta Magna hubiese querido darle una competencia mayor, lo hubiese establecido expresamente. Pero ese criterio no resiste la crítica.

El señalado artículo 214 reza: “. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos.

Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.”
Si fuera así el TSE solamente podría conocer y decidir los conflictos entre las organizaciones políticas y los que tengan a lo interno. Además de su función reglamentaria. Esa limitación crearía una subutilización de los recursos que consume.

Cuando el texto sustantivo establece que el TSE “Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero”, está haciendo una reserva de atribuciones reglamentarias y legales. Por tanto, el Legislador puede ampliar la competencia, como al efecto lo ha hecho.

Prueba de ello es la Ley Orgánica del TSE, núm. 29-11 o la Ley Orgánica de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, núm. 33-18. Así como la Ley Orgánica del Régimen Electoral, núm. 15-19. Y como lo hizo el Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de las Actas del Estado Civil, que dictó el TSE.

De manera que para concretizar el mandato constitucional y eliminar toda duda, la mencionada ley 29-11, consagra en su artículo 13 la competencia en instancia única que tiene el TSE.

En efecto, en virtud de ese texto legal, y otros, el TSE conocerá y decidirá: 1) Los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones de las Juntas Electorales (JE) y de sus equivalentes, que son las Oficinas de Coordinación de la Logística Electoral en el Exterior (OCLEES); 2) los conflictos internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos (PAMP), y entre ellos; 3) las impugnaciones y recusaciones contra los miembros de las JE y OCLEES; 4) los recursos de revisión contra sus propias decisiones.

También, 5) ordenar nuevas elecciones, si las anteriores fueron anuladas y si pueden decidir la suerte en la demarcación electoral; 6) las rectificaciones de actas del Estado Civil, con carácter judicial; 7) los conflictos que surjan con motivo de los mecanismos de consulta popular, como los plebiscitos y referendos.

 

rafaelciprian@hotmail.com

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