Santo Domingo.- Dos organizaciones sociales y dos particulares, elevaron sendos recursos de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en busca de que el Banco de Reservas entregue la información sobre el costo del cambio de la identidad corporativa, de la que al momento dicen no se tiene ningún detalle.
La Convergencia Nacional de Abogados (Cona) y el Consejo Nacional Contra la Corrupción (Conaco) alegan que tanto la Superintendencia de Bancos como la referida entidad, de la que el Estado es el accionista, se han resistido a informar cual fue la empresa que salió beneficiada para el cambio de imagen y el costo que representó para la institución.
Lo que se presume, según le han informado, es que es una compañía vinculada al anterior administrador Enrique Ramírez Paniagua.
Ambos grupos alegan la violación al derecho de libre acceso a la información.
De acuerdo a Yuniol Ramírez Ferreras, del Cona, en diciembre del año pasado se solicitó a la Superintendencia de Bancos, como órgano regulador de la banca nacional, que sirviera las informaciones en cuanto al proceso de licitación, como la compañía favorecida, el monto involucrado, datos que fueron negados bajo el amparo del secreto bancario, por lo que acudieron ante el tribunal para que ordene la entrega de lo requerido. El tribunal lo dejó en estado de fallo para el jueves próximo.
En el caso de Conaco el amparo era contra el propio banco, que también negó la información.
La respuesta ante ese pedido del Banreservas, a través de sus abogados, fue una solicitud para que la Segunda Sala del TSA evaluara la competencia para conocer ese recurso.
Alega, que si bien el banco es una entidad de capital público, es parte del dominio privado, por lo que compete a un tribunal civil conocer el mismo.
Conaco argumentó que si bien el Banreservas es una empresa privaba es propiedad del Estado.
Dijo que una de las razones que hace pasible a esa entidad de ser condenada a entregar la información es su objeto final, ya que fue creado para que sus ganancias netas de cada beneficio fueran destinadas a un fin administrativo del Gobierno.
Argumenta que las ganancias han debido ser destinadas al pago de la deuda externa, no a un cambio de imagen, que ha todas luces era innecesario.
Ambas organizaciones creen que la propuesta de cambio de imagen hay indicios de irregularidades.
Sobre este pedido el tribunal reservó para el próximo martes 25 sobre si tiene competencia o no para conocer el recurso.
