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¿Qué pasó el 16 de febrero?

Por: Melvin Mañón

Pasándole por encima a los observadores, los partidos políticos, las denuncias múltiples y las advertencias de EEUU, el IFES, la OEA y otros el danilismo instrumentó el fraude electoral del día 16-02-2020 que tenía preparado. Lo hizo porque estaba obligado a seguir adelante, igual que en las primarias del 6 de octubre y lo hizo porque ellos no pueden bajarse de ahí a las buenas. Pero le salió mal.

El sábado 15 los encargados por el PLD de llevar la gente a votar y a quienes les fue entregado el dinero para hacerlo fueron advertidos de que debían llevar a los votantes temprano porque, según les dijeron, a partir del mediodía se iban a generar algunos desordenes y problemas. Era una precaución que formaba parte del plan. Ellos sabían lo que habían hecho pero no podían compartir esa información con todo el mundo. Sabían que los resultados falsificados por el fraude iban a generar protestas pero no estaba previsto ni esperaban que el fraude se hiciera evidente desde el principio, que fuera público y pudiera documentarse tan claro y rápido.

Horas antes del inicio de la votación, personal técnico del PLD, con y sin carnet de identificación de la JCE, procuró entrar a los centros de votación hasta tener acceso a las maquinas de votación. Era un trabajo máquina por máquina. Las alteraron no para sabotear las elecciones sino para “ganarlas”. Eran muchas máquinas, poco tiempo y personal que no tenía todo el dominio técnico ni tampoco la sangre fría. La jefatura de la JCE supo al menos una parte de esto y trataron de corregirlo pero a ellos, como a los falsificadores, los desbordaba la escala. Resultó que muchas de esas máquinas alteradas no quedaron funcionando bien pero ellos, los falsificadores, no lo sabían.

El domingo 16 temprano, una parte de las maquinas alteradas empezó a dar problemas que fueron debida y rápidamente documentados por los delegados de los partidos. La escala y magnitud de los problemas fue tan grande que declaró el fraude sin necesidad de denunciarlo otra vez, deslegitimó el proceso y desbordó a la JCE que hasta entonces había sido dócil, servil y cómplice del danilismo. Pero entonces sucedió lo impensable.

La JCE entendió que el fraude era demasiado grande y al descubierto y no quiso echarse encima la comisión de un delito tan grave. Cuando el presidente de la JCE habló, anunciando la suspensión de las elecciones, yo le creí. Ese señor estaba diciendo casi toda la verdad. Estaba enojado. Se sabía traicionado porque ese fraude no lo autorizó él sino que se hizo a espaldas suyas y el sabía que solamente el poder podía hacer una cosa así. Al suspender las elecciones la JCE arruinó el fraude y no consumó sino que evitó una masacre.

El PLD y sus aliados se opusieron y en medio de una payasada trataron de acusar a la oposición de haber saboteado el proceso como si la gente fuera tan estúpida. Y luego el poder ensaya la narrativa de la supuesta trama del PRM algo tan absurdo que no merece ni una línea.

Así pues, en este caso la JCE queda parcialmente exonerada de culpa. No fueron ellos quienes gestaron ni instrumentaron ni permitieron el fraude. Lo hizo el poder y lo hicieron a espaldas de la JCE y si no me creen vean el video integro de Castaños Guzmán y luego vean la comparecencia del propio Danilo Medina la noche del lunes 17; ambas hablan por si solas.

Mas que culpable de haber masacrado la democracia dominicana el 16 de febrero la JCE al suspender la votación con el fraude detectado y en marcha evito una masacre que hubiera resultado en quemas, muertos y actos vandálicos generalizados porque el PLD no ha sabido leer el ánimo de la población. No entienden que el país esta harto de ellos, que la brisa cambió de dirección y que su única opción es quedarse a las malas, si es que pueden lograrlo.

Los hechos del día 16 legitimaron en todas sus partes las denuncias previas de muchos que lo vimos venir. Leonel Fernández emerge ganador del proceso. El pueblo dominicano queda liberado de la amenaza del voto electrónico o automatizado que sirve en bandeja de plata los intereses del poder gestor de fraudes pues ya nadie se atreverá a volver a proponerlo ni tendrá fuerzas para imponerlo.

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