Santo Domingo.- Se destapa escándalo de corrupción en la Autoridad Portuaria Dominicana, donde el Gobierno dominicano inició una profunda investigación sobre el proceso de concesión del puerto de Puerto Plata iniciado por el director de dicha entidad Víctor Gómez Casanova.
La Dirección General de Contrataciones Públicas habría iniciado la investigación a partir del apoderamiento que le hizo el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana que ha decidido impugnar el proceso por calificar el mismo como ilegal.
En una carta de fecha 17 de octubre de 2017, firmada por el presidente del Consejo de Administración, ingeniero Juan Carlos Montás, el organismo impugnó por ante la Directora General de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, la manifestación de interés publicada en espacio pagado por su director ejecutivo, Gómez Casanova, y pidió su anulación por irregular.
En la misiva se solicita a la señora Guzmán impugnar “la convocatoria a manifestación de interés, de fecha 16 de octubre de 2017, publicada en el periódico Listín Diario, página 7B, realizada por el director ejecutivo de esta institución, por ser violatoria de las disposiciones contenidas en la Ley 340- 06 (de Compras y Contrataciones Públicas), Reglamento de Aplicación y de la Ley 70-70”, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana.
Montás, en la carta que dirigió a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, advierte que “ese acto ilegal e irregular por parte del director ejecutivo de esta institución, no ha sido autorizado previamente por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana que, de acuerdo con nuestra ley orgánica, es el organismo superior con autoridad para decidir sobre esos asuntos”.
Agrega que la Ley 340-06 sobre compra y contrataciones dispone que para este tipo de procesos, “la licitación pública nacional e internacional será el único proceso para la contratación de concesiones, sea cual fuere la modalidad, a la que podrán presentarse personas, firmas o asociaciones nacionales, extranjeras o mixtas”.
Señala que la Ley 70-70 que crea la Autoridad Portuaria Dominicana confiere al Consejo de Administración “ser el organismo superior y de máxima jerarquía de la institución, facultado para entre otras cosas, otorgar concesiones de servicios de uso, ocupación y explotación de áreas y pertenencias portuarias”.
Sostiene que también corresponde al Consejo de Administración la adquisición de equipos, materiales de consumo o bienes inventariales, estudio o ejecución de obras nuevas, “reparación o ampliación de las existentes y reglamentar las condiciones de prestación de servicios en los puertos operados por la institución”.
“Advertimos que la convocatoria ilegal realizada por dicho funcionario (Gómez Casanova) lo que procura es preseleccionar empresas específicas, restringir mediante condiciones establecidas, la participación de interesados en un proceso” y que además se ha hecho cuando el Consejo de Administración nombró una comisión técnica para elaborar las condiciones generales que sustenten un eventual proceso de licitación pública como lo estable la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas.
Informa que la comisión de técnicos está trabajando en la elaboración de su informe para ser sometido al Consejo de Administración de Autoridad Portuaria Dominicana para determinar los pasos a seguir.
Advierte a la Directora de Compras y Contrataciones que se rechace la manifestación de interés publicada por Gómez Casanova, en el entendido de que el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria Dominicana no reconocerá ningún resultado que arroje la misma.
