Madrid.-El Senado español aceptó hoy graduar e incluso detener la intervención del Gobierno central en la autonomía de Cataluña «si cesasen las causas que las motivan», en referencia a una vuelta a la legalidad constitucional.
Las medidas propuestas por el Gobierno para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución han superado hoy el penúltimo trámite en el Senado, antes de que mañana sea aprobado en pleno el dictamen final.
Todo ello en una jornada maratoniana en la Cámara Alta, que ha reunido la comisión «ad hoc» creada expresamente para esta tramitación mientras desde Barcelona se sucedían las informaciones contradictorias sobre la intención del presidente catalán, Carles Puigdemont, de convocar o no elecciones anticipadas.
Fuentes del Gobierno español han recordado a Puigdemont que no tiene que reclamar ninguna garantía para convocar elecciones y han lamentado que durante la jornada se haya intentado presionar al Ejecutivo central mientras se tramitaba en el Senado la aplicación del artículo 155.
Tras varias horas de debate en ponencia y en comisión, a primera hora de la noche se ha votado el dictamen final, que incluye una enmienda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en favor de la «aplicación gradual» de los preceptos planteados por el Ejecutivo.
Es la única enmienda incorporada al dictamen que mañana debatirá el pleno de la Cámara Alta, con los votos mayoritarios del grupo popular, del PSOE y del grupo Mixto, y contempla la posibilidad de modular su aplicación si se producen cambios en la situación e incluso de «anticipar» la supresión de las medidas «si cesasen las causas» que las motivan.
Hay otras dos enmiendas del PSOE -una relativa a los medios públicos y otra para suspender la aplicación del 155 si Puigdemont convoca elecciones- que se podrán volver a debatir mañana en pleno.
La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acudido a la comisión a exponer los argumentos del Ejecutivo y ha defendido la aplicación del 155 para «rescatar» a Cataluña de la «irresponsabilidad política» y abrir una nueva etapa que suponga «el principio del fin de una reiterada desobediencia a la ley».
