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Someten funcionarios jurisdicción inmobiliaria por falsificación de planos catastrales

Santo Domingo.- Fueron sometidos a la justicia por ante la Fiscalía del Distrito Nacional,  varios funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria, acusados de prevaricación, asociación de malhechores, falsedad y uso de documentos falsos con los que habrían adjudicado una gran porción de terrenos al Central Romana.

La querella depositada en la mañana de este viernes fue interpuesta por los abogados Pedro Catrain Bonilla y Salvador Catrain en contra del recién destituido director nacional de mensuras catastrales, agrimensor Luis Antonio Bonetti, las inspectoras cartográficas Lucila Paniagua y Rosa García, el vicepresidente de Asuntos jurídicos del Central Romana, Leonardo Matos García y el vicepresidente ejecutivo de esa misma empresa Eduardo Martínez Lina.

También figuran en la querella los abogados Ángel Santana y Gilberto Cedeño así como el agrimensor Miguel Ángel Vásquez Capellán, a quienes acusan de constituirse en asociación de malhechores, en violación a los artículos 265,266 del Código Penal, así como el 145,146, 166,167 de ese mismo texto legal, que penalizan la falsedad y uso de documentos públicos, la prevaricación y la corrupción administrativa.

Según la pieza acusatoria, el grupo de querellados falsificó unos planos catastrales que dieron ganancia de causa a la familia Richiez-Quezada para beneficiar al central azucarero, en perjuicio de los querellante, por lo que solicitan sean condenados a una pena de 10 años de reclusión y al pago de 50 millones de dólares, como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la presunta acción delictiva que le atribuyen y al pago de una indemnización de 2.3 millones de dólares adicionales, a partir de la interposición de la presente querella.

El representante de los querellantes, el jurista Pedro Catrain, explicó en rueda de prensa celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que la litis sobre derechos registrados entre la familias afectadas y el Central Romana, motivo del sometimiento, data de 2009, y tuvo su origen en el distrito catastral de Higüey.

La familia querellante habría sido despojada de unos terrenos, decisión que fue revocada posteriormente por el Tribunal Superior de Tierras que les dio ganancia de causa, decisión que fue confirmada en julio del 2012 por la Tercer Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Dijo Catrain que no obstante esa sentencia, que habría adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, los acusados, asociados con el Central Romana, alegadamente con el apoyo de Luis Bonetti, entonces director nacional de Mesuras Catastrales, obtuvieron, al margen de la ley, una supuesta nulidad de los planos catastrales antes juzgados, fundamentada en tres informes cartográficos distintos sobre el mismo inmueble,  “contrario y hasta contradictorios, en un mismo expediente”, acción con la que habrían incurrido en las infracciones criminales que les imputan.

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