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RESUMEN
SANTO DOMINGO.– Los abogados representantes del Estado, en el proceso que se sigue principalmente contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaan (Jochi) y otros señalados por presunta corrupción, sabotaje al sistema de semaforización y terrorismo, reclaman una indemnización ascendente a 12 mil 707 millones 837 mil pesos, en el ámbito estrictamente civil, por los daños y perjuicios alegadamente ocasionados.
El Ministerio Público imputa, además, a los acusados los delitos de falsificación de documentos y asociación de malhechores.
La investigación contra el grupo se originó tras las irregularidades detectadas en el contrato con la empresa Transcore Latam, por un monto superior a 1,300 millones de pesos.
Luego de la suspensión del contrato, el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo se apagó en dos ocasiones, lo que generó caos en distintas avenidas.
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Yanibet Rivas, aplazó este lunes la audiencia preliminar seguida contra los implicados.
Durante el desarrollo de la audiencia, el tribunal explicó que el aplazamiento obedece a la notificación de la querella con constitución en actoría civil, depositada por los representantes legales de las víctimas, entre las que figuran el Estado dominicano, la administración central de las entidades del Ministerio de Defensa y el Intrant. “Esta actuación procesal activa de manera automática el plazo establecido en el artículo 304 de la Ley 97-25, que instituye el Código Procesal Penal”, explicó la magistrada.
Yanibet Rivas acogió, además, la solicitud presentada por las defensas técnicas de los imputados en relación con una prórroga para la extensión del plazo, al considerar procedente la aplicación de la tutela judicial diferenciada.
Para ello, realizó un análisis objetivo y razonable de las particularidades del caso, valorando la multiplicidad de partes involucradas y el volumen de documentación que debe ser examinada antes de avanzar a la siguiente fase del proceso.
En ese sentido, el tribunal concedió un plazo de 29 días y fijó la continuación de la audiencia para el 9 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
La jueza advirtió a las partes que el tribunal ya cumplió, en esta segunda audiencia, con las disposiciones legales relativas a la notificación íntegra del expediente, lo que permitirá que en la próxima convocatoria se inicie formalmente el conocimiento de la audiencia preliminar.
La juzgadora estableció un calendario de trabajo para el conocimiento del proceso, fijando las audiencias para celebrarse todos los lunes y viernes, en jornadas extendidas de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, sin descartar la habilitación de otros días si fuese necesario, con el objetivo de garantizar un conocimiento eficiente, oportuno y conforme al debido proceso de ley, tal como lo exige la Constitución de la República Dominicana.
