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RESUMEN
Santo Domingo.- Mediante depósitos bancarios, inmigrantes haitianos pagan extorsiones a agentes de migración para no ser deportados. Uno de los afectados reveló cómo lo llevaron junto con otros detenidos a un lugar aislado antes de llegar a Haina, donde se les exigió entre 15,000 y 20,000 pesos para su liberación.
La Dirección General de Migración (DGM) informó que, en octubre y noviembre pasados, deportó a 38,547 extranjeros, los cuales no poseían la documentación requerida para permanecer en el país.
Durante una entrevista en el programa «Toda la Verdad», conducido por la periodista Odalis Castillo y que se transmite por el canal VTV 32, dominicanos de origen haitiano y nacionales haitianos, explicaron que ahora la modalidad es hacer depósitos a una cuenta bancaria para que los agentes puedan verificar a través de sus teléfonos si el dinero lo recibieron, y una vez comprobado, dejan en libertad a los inmigrantes.
Esta situación es solo una de las muchas denuncias de extorsión y abuso cometidas por agentes de migración en un operativo que se realizó en Santa Cruz del Seibo en marzo. El sacerdote Miguel Ángel Grullón, director de Radio Seibo, también denunció estas prácticas corruptas.
Según el sacerdote, los agentes irrumpieron en viviendas durante la madrugada, robando pertenencias y deteniendo a personas que luego liberaron tras pagar grandes sumas de dinero, algunos en efectivo y otros mediante depósitos a cuentas de bancos facilitadas por los agentes.
Testimonios
Francia, una de las víctimas del operativo, resultó herida durante la incursión. «Vi que era un policía, intenté huir, pero me derribaron y golpearon. Necesité seis puntos de sutura en la barbilla», narró la joven haitiana. La violencia y el miedo marcaron aquella noche, afectando profundamente a la comunidad.
Sonisa, otra joven que también sufrió el abuso, explicó cómo los agentes no respetaron su edad ni el estado de su tía embarazada. «Me agarraron del brazo, me apuntaron con una escopeta y me dijeron que me iba con ellos. Todo esto sin importar que soy menor de edad», dijo.
El testimonio de Arturo Mejía revela más detalles. «Vimos cómo subieron a una señora a la mala, y cuando su marido intentó defenderla, lo golpearon brutalmente. Ni siquiera a los niños los respetaron. Se llevaron a un amigo mío con su ropa de uniforme escolar», denunció.
Estas acciones, realizadas en horarios prohibidos y faltando a la dignidad de las personas, violan múltiples derechos humanos. Los testimonios indican que a las víctimas las liberaron solo tras pagar dinero, perpetuando un ciclo de corrupción y abuso que parece no tener fin.
Las autoridades de la Dirección de Migración aún no han ofrecido respuestas concretas a estas denuncias, a pesar de tener conocimiento de los hechos. Mientras tanto, la comunidad se mantiene unida en su apoyo al Padre Grullón, esperando que las investigaciones lleguen a buen término y que se ponga fin a este negocio lucrativo que parece sustentarse en el caos.
