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RESUMEN
Santo Domingo.– Mientras el Gobierno promueve un discurso de austeridad para enfrentar los efectos de la crisis internacional, una nueva solicitud de adquisición de un vehículo oficial por RD$6.4 millones pone nuevamente bajo el foco el uso de recursos públicos para la compra de vehículos destinados a funcionarios.
En esta ocasión, la protagonista es Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, quien solicitó la adquisición de una yipeta nueva de fábrica para el desempeño de sus funciones oficiales.
La solicitud, identificada con el número 0002 y fechada el 1 de septiembre de 2026, fue remitida a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para su correspondiente veeduría. El proceso todavía está pendiente de recibir el visto bueno del órgano regulador antes de que pueda iniciarse formalmente la licitación.
De acuerdo con las motivaciones del proceso, el vehículo sería destinado a actividades oficiales relacionadas con las funciones de la institución. La inversión estimada asciende a RD$6.4 millones, recursos que provendrían del presupuesto público.
Una nueva compra millonaria en medio del discurso de austeridad
La solicitud de Vásquez ocurre poco después de la controversia generada por el proceso mediante el cual la Vicepresidencia de la República buscaba adquirir una SUV valorada en aproximadamente RD$10.2 millones, iniciativa que provocó cuestionamientos y críticas debido al monto involucrado.
Ahora, la solicitud del Gabinete de Políticas Sociales vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre cuánto dinero público se está destinando a vehículos de alta gama para funcionarios y dependencias estatales.
El contraste resulta particularmente sensible debido a que estas iniciativas coinciden con un momento en que el Gobierno ha planteado la necesidad de aplicar medidas de austeridad y racionalización del gasto público ante el impacto de la situación económica internacional.
¿Qué vehículo se pretende adquirir?
Aunque la solicitud no identifica una marca específica, las especificaciones técnicas establecen que se busca un vehículo todoterreno, con motor turbo diésel de 1.6 litros y equipado con suspensión de control magnético.
El pliego establece que el automóvil será utilizado exclusivamente como medio de transporte institucional del Gabinete de Políticas Sociales y deberá cumplir con los parámetros técnicos definidos por la entidad.
El proceso deberá pasar primero por la revisión correspondiente de Contrataciones Públicas. De obtener la autorización, el Gabinete Social tendría que desarrollar el procedimiento de licitación para recibir las ofertas, evaluar las propuestas y seleccionar al proveedor.
El punto que genera cuestionamientos
Más allá de que la compra pueda cumplir con los procedimientos establecidos por la legislación de contrataciones públicas, el monto vuelve a abrir una discusión sobre las prioridades del gasto estatal.
La pregunta que queda sobre la mesa es si, en un escenario donde las autoridades hablan de austeridad y de la necesidad de proteger las finanzas públicas, resulta necesario destinar millones de pesos del presupuesto nacional a la adquisición de vehículos nuevos para altos funcionarios.
El caso también adquiere relevancia porque Geanilda Vásquez preside el Comité de Compras de la institución, de acuerdo con la información suministrada sobre el proceso, lo que coloca la operación bajo una particular atención pública en materia de transparencia, controles y posibles conflictos de interés.
La solicitud aún no representa una adjudicación ni significa que los RD$6.4 millones hayan sido desembolsados. El proceso se encuentra en una etapa previa y depende de la autorización correspondiente para avanzar hacia la licitación.
Sin embargo, la sucesión de solicitudes de vehículos millonarios para funcionarios vuelve a plantear un desafío para el discurso oficial de austeridad: cómo justificar ante una ciudadanía que enfrenta necesidades económicas el uso de recursos públicos para adquirir vehículos cuyo costo alcanza varios millones de pesos.
