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RESUMEN
Santo Domingo.- La abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Laura Acosta, denunció a través de sus redes sociales que representantes del Ministerio Público se encuentran, la noche de este miércoles, allanando la casa de su defendido, Hugo Beras.
“Normalmente no uso mis redes sociales para esto, pero debo informar que se está produciendo un allanamiento en la residencia de Hugo Beras y luego de que sus abogados llegáramos no nos permiten entrar a su casa a verlo ni ver las órdenes judiciales, a lo cual tenemos derecho “, manifestó la abogada en su cuenta de X.
Cabe indicar que la jornada es llevada a cabo por fiscales del Ministerio Público. En el lugar se encuentran agentes policiales y miembros del equipo Swat de la institución.
La mañana de este miércoles, a un año del escándalo por la contratación de la empresa Transcore Latam para el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, el exdirector del Intrant, Hugo Beras, rompió el silencio y fijó su posición sobre lo ocurrido.
Beras, quien solicitó una licencia sin disfrute de sueldo en su cargo en noviembre del 2023 y luego destituido, se desvinculó de las supuestas irregularidades en el proceso de licitación pública llevado a cabo por el Intrant y afirmó que lo ocurrido responde a fallas de los sistemas de controles del Estado.
«Aquí lo que pasó fue que los organismos de controles del Estado no funcionaron», afirmó Beras refiriéndose a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a la Contraloría General de la República.
«Para uno hacer una licitación, la Dirección de Compra y Contrataciones tiene que validar todo. Para hacer un contrato tenemos una unidad de control interno de la Contraloría que tiene que validar», dijo durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana.
Al ser cuestionado sobre su silencio ante el escándalo, afirmó que «no había hablado por prudencia».
Explicó que tras la suspensión del contrato a la empresa Transcore Latam contrató de forma privada los servicios de la abogada Laura Acosta para que realizara una investigación.
Detalló que, a finales de octubre del 2023, luego de validar todos los procesos, las unidades de control del Estado le permitieron firmar el contrato para «la modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo».
Sin embargo, explicó que luego del proceso de adjudicación, recibió una comunicación de la DGCP con una serie de puntos de advertencia que, dijo, lo sorprendieron.
«El 26 de octubre yo recibo una comunicación de la Dirección General de Compras y Contrataciones, eso fue un jueves, con una serie de puntos de advertencia que yo mismo me dije: ¿Y qué es esto? ¿Y todas estas cosas? Una serie de señalamientos, una serie de cosas, después que el contrato estaba adjudicado», apuntó.
Para responder a esos señalamientos dijo que le dieron un plazo de cinco días laborables, pero antes de transcurrido este tiempo, la DGCP realizó una rueda de prensa, «de la cual no se me avisó», para hacer públicas las supuestas irregularidades.
«Es ahí cuando digo algo está pasando y ahí me comunico con la abogada Laura para que me oriente y es por eso que decido retirarme de la institución y poner una licencia, porque yo decido hacer una investigación privada«.
En tal sentido, cuestionó que la DGCP y la Contraloría estén evaluando un proceso en el que ellos mismos participaron.
