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RESUMEN
Santo Domingo, RD.– Lo que durante meses fue tratado como un simple rumor terminó convirtiéndose en uno de los casos más sonados de presunta corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), evidenciando fallas graves en la atención a denuncias públicas y en la responsabilidad de algunos sectores mediáticos.
El origen del caso se remonta a las denuncias realizadas por un contratista identificado como Zabala, quien advirtió que se pretendía sacarlo de manera irregular de un proceso y alertó sobre la existencia de una supuesta estructura interna que operaba al margen de la ley. A pesar de recorrer diversos medios de comunicación para exponer su versión, sus señalamientos no encontraron eco en la mayoría de ellos.
Fue el periódico digital Sin Cortapisa el que decidió publicar la denuncia y dar seguimiento al caso, rompiendo el silencio que rodeaba las acusaciones. Tras la difusión de la información, el entonces director del INTRANT, Hugo, reaccionó negando los señalamientos en una rueda de prensa, asegurando que su honor estaba siendo afectado y anunciando acciones legales contra el denunciante y contra cualquier persona que lo acusara públicamente.
Sin embargo, el curso de las investigaciones dio un giro significativo. Hugo fue posteriormente destituido del cargo, sometido a la justicia y enfrentó una medida de coerción que incluyó prisión preventiva. Actualmente, continúa vinculado a un proceso judicial por un presunto desfalco que, de acuerdo con las autoridades, superaría los 1,200 millones de pesos.
El caso ha generado un amplio debate en la opinión pública sobre la necesidad de escuchar a los denunciantes, fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar un ejercicio responsable del periodismo investigativo.
Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación, mientras distintos sectores reclaman que el proceso avance con transparencia y sin impunidad, como parte del compromiso de adecentar la administración pública.
