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RESUMEN
Santo Domingo. -Estados Unidos ha definido un nuevo modelo para sancionar la corrupción, el lavado y el narcotráfico en América Latina: el uso estratégico de la cancelación de visas y las solicitudes de extradición como mecanismos de presión política y judicial. Esta tendencia, que se ha ido consolidando en los últimos años, coloca a la República Dominicana como un caso emblemático dentro de la región.
Washington ve al país como un ejemplo de estabilidad democrática y crecimiento económico —a pesar de ciertos retrocesos recientes— y, desde esa posición, utiliza sus herramientas diplomáticas para marcar distancias claras entre la institucionalidad y quienes considera que la vulneran.
El reciente reporte divulgado en El Sol de la Mañana, que asegura que el Departamento de Estado retiró la visa al exministro y candidato presidencial propuesto por el PLD, Gonzalo Castillo, confirma que esta política sigue vigente y en expansión. La medida recuerda episodios anteriores que han marcado inflexiones profundas en la política dominicana.
Durante el gobierno de Hipólito Mejía, Estados Unidos también retiró la visa a Guido Gómez Mazara, figura estrechamente vinculada al entonces presidente. En ese momento, la objetividad estadounidense apuntaba directamente a los lazos de la administración con el capo Quirino Ernesto Paulino Castillo. A pesar de que la DEA había alertado sobre cargamentos de cocaína atribuibles al entonces teniente Quirino, la respuesta del gobierno dominicano fue su ascenso a capitán y la colocación de su helicóptero prácticamente junto al helicóptero presidencial en la Base Aérea de San Isidro. El desenlace es historia: Hipólito no pudo reelegirse.
Más adelante, en 2018, el Departamento de Estado quitó la visa a Félix Bautista, señalado como “hijo político” de Leonel Fernández. El golpe fue doble, pues el Departamento del Tesoro lo sometió por presunta corrupción vinculada a más de 2 mil millones de dólares y le embargó bienes y cuentas en suelo estadounidense. Las consecuencias políticas fueron inmediatas: Leonel no pudo ser candidato del PLD en 2019, y aunque creó la FUPU, tampoco logró ganar en 2020 ni en 2024.
El patrón se repite. Aunque Francisco Javier García no ha sido despojado de su visa, su figura sigue objetada por Washington desde el escándalo de fraude en la Lotería Nacional ocurrido bajo su supervisión, un caso que involucró al haitiano conocido como “Mazurca”, quien escapó a Puerto Rico sin que mediara solicitud de extradición desde República Dominicana.
Hoy, el mapa político se vuelve aún más complejo. En medio de la explosión del caso SENASA, considerado el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos y calificado por sectores legales como crimen de lesa humanidad por atentar contra el derecho fundamental a la salud, han comenzado a surgir solicitudes de extradición para funcionarios, regidores y legisladores del PRM. Esta ofensiva judicial coincide con un momento en el que Estados Unidos parece decidido a cerrar brechas de impunidad sin importar el color político.
El mensaje es claro: quien aspire a la Presidencia, o quien ocupe posiciones de poder, no puede cargar con cuestionamientos vinculados al narcotráfico, la corrupción o el lavado de activos.
El costo ahora no solo es político, sino geopolítico y judicial.
Estados Unidos está trazando una nueva modalidad para incidir en la gobernanza regional. Y República Dominicana, aunque exhibida como modelo de democracia, está bajo una lupa cada vez más exigente y menos tolerante con los viejos vicios del sistema.
