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Tribunal Constitucional y Motivación, escribe Rafael Ciprián, abogado y  catedrático de educación superior - La Prensa de Hoy

Por: Rafael Ciprián

Hablar hoy del rol socio-institucional que debe jugar la Justicia es reconocer que su función trasciende con creces la resolución de conflictos individuales. En las sociedades democráticas contemporáneas, la Justicia constituye una institución imprescindible para garantizar la dignidad humana y los demás derechos fundamentales.

También debe preservar el Estado Social y Democrático de Derecho. Esto es, limitar los abusos de poder y crear las condiciones necesarias para que se genere la convivencia social.

Los nuevos tiempos plantean desafíos cada vez más complejos: el acceso a la justicia, la desigualdad social, las nuevas formas de las relaciones laborales, la violencia, la discriminación, las innovaciones tecnológicas y los entornos digitales. Estos generan conflictos y demandas que muchas veces no encuentran respuestas eficaces en categorías jurídicas tradicionales. Frente a esta realidad, la Justicia debe interpretar las normas con una mirada capaz de comprender las transformaciones sociales, sin perder de vista los principios constitucionales que delimitan su actuación.

Hoy no se trata de reconocer formalmente derechos si existen barreras económicas, culturales, geográficas o tecnológicas que impiden ejercerlos. Una Justicia cercana, accesible, eficiente, comprensible y oportuna fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Además, la independencia judicial constituye una condición indispensable de la democracia. La Justicia debe ejercer su función con autonomía frente a los poderes políticos y económicos, pero también con responsabilidad institucional.

La legitimidad del Poder Judicial depende de la sana relación con la ciudadanía. La transparencia, la comunicación clara, la formación permanente de sus integrantes y la incorporación responsable de nuevas tecnologías son herramientas necesarias para construir instituciones más eficientes y confiables. La digitalización puede  proteger los datos y las garantías fundamentales.

La Justicia no puede permanecer ajena a los problemas de la sociedad, pero tampoco puede sustituir a los demás Poderes del Estado. Debe permitir que las decisiones públicas y privadas fluyan dentro del marco constitucional.

En definitiva, el rol socio-institucional de la Justicia de hoy exige equilibrio: independencia sin aislamiento; flexibilidad sin permisibilidad; autoridad sin distancia de la ciudadanía.

La Justicia no es aquella que solo aplica la ley, sino aquella que logra que el derecho sea una herramienta para proteger derechos, resolver conflictos y fortalecer la democracia.

Sí logramos eso, y podemos hacerlo con capacidad gerencial y planes bien ejecutados, la sociedad avanzará a pasos agigantados a su progreso real para bien de todos.

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