EDITORIAL | ¡Justicia sin alma! Cuando la frialdad del sistema se impone sobre la razón

Santo Domingo, R.D. – Lo ocurrido con Jefte Ventura Jiménez en Higüey no es un simple episodio judicial: es una alarmante señal de cómo el sistema puede volverse insensible, rígido y, peor aún, injusto en la práctica, aun cuando aparenta actuar dentro del marco legal.

Hoy, un ciudadano permanece privado de su libertad no por una sentencia firme, no por representar un peligro comprobado, sino por la negativa inexplicable de un tribunal a conceder un plazo razonable de 72 horas para el pago de una fianza ya impuesta. Una decisión que, más que jurídica, luce arbitraria y carente de sentido humano.

Los abogados defensores no solo solicitaron formalmente ese plazo, como corresponde en un Estado de derecho que debe garantizar el debido proceso, sino que además ofrecieron una garantía personal, incluso comprometiéndose a cubrir la fianza de su propio bolsillo. ¿Qué más debía demostrarse? ¿Qué riesgo real existía que justificara mantener a este ciudadano tras las rejas por horas o días adicionales?

La respuesta, lamentablemente, es inquietante: ninguno.

Lo más grave es que el propio Ministerio Público, órgano acusador por excelencia, desistió de solicitar prisión preventiva y optó por una medida menos gravosa: la garantía económica. Sin embargo, en un giro preocupante, la parte querellante —la empresa PETROMÓVIL, S.A.— presionó con vehemencia para que se impusiera la prisión preventiva, intento que fue correctamente rechazado por el tribunal.

Pero entonces surge la gran contradicción: si la prisión preventiva fue descartada, ¿por qué en la práctica se termina produciendo el mismo efecto? ¿Cómo se justifica que, por una formalidad manejable y un plazo razonable negado, se prive de libertad a una persona que ya cuenta con una medida alternativa definida?

Esto no es justicia. Esto es burocracia judicial convertida en castigo anticipado. El caso de Jefte Ventura Jiménez pone sobre la mesa una realidad incómoda: en ocasiones, el problema no es la ley, sino la interpretación fría, distante y carente de proporcionalidad de quienes están llamados a aplicarla.

Negar un plazo de 72 horas en estas circunstancias no fortalece la justicia, la debilita. No protege el orden, lo distorsiona. No garantiza derechos, los vulnera.

La justicia no puede ser un ejercicio mecánico ni una demostración de poder. Debe ser un acto de equilibrio, sensatez y humanidad. Cuando esos elementos desaparecen, lo que queda no es justicia… es abuso revestido de legalidad.

Hoy es Jefte Ventura Jiménez. Mañana puede ser cualquier ciudadano.