NUEVA YORK.– Estados Unidos autorizó al Gobierno de Venezuela a pagar los honorarios de los abogados que defienden a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que enfrentan en tribunales federales.
La decisión se formalizó mediante licencias enmendadas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que permiten transferencias bajo condiciones específicas, según documentos judiciales recientes.
El permiso establece que los pagos deberán provenir de fondos disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no podrán derivarse de depósitos de gobiernos extranjeros, manteniendo ciertos límites dentro del esquema de sanciones vigente.
Giro en la política de sanciones
La medida representa un cambio significativo en la postura de Washington, que previamente había bloqueado estos pagos alegando razones de seguridad nacional y política exterior.
Durante meses, la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Barry Pollack, argumentó que impedir el financiamiento vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a elegir representación legal.
Incluso, el juez federal Alvin Hellerstein había cuestionado la negativa del Gobierno, sugiriendo que la restricción podía comprometer la validez del proceso judicial.
Impacto en el caso judicial
Con esta autorización, se despeja uno de los principales obstáculos legales que amenazaban con retrasar o incluso afectar la continuidad del juicio.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos en una prisión federal en Brooklyn.
Ambos se han declarado no culpables de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína, en un proceso que podría prolongarse por uno o dos años.
Claves del nuevo escenario
El cambio también responde a presiones judiciales y a la necesidad de garantizar un juicio sin vulneraciones constitucionales, evitando así posibles argumentos de nulidad.
Además, la flexibilización de sanciones en este punto específico no implica un levantamiento general, sino una excepción puntual orientada a asegurar el debido proceso.
Con este giro, el caso entra en una nueva fase, donde el foco se traslada del conflicto legal por financiamiento hacia el desarrollo pleno del juicio, uno de los más relevantes en la historia reciente entre Estados Unidos y Venezuela.
