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RESUMEN
Santo Domingo. – En el marco del proceso judicial por el presunto fraude superior a RD$15,000 millones contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), nuevos testimonios incorporados al expediente del Ministerio Público señalan que el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, habría desacatado advertencias formales de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y protegido a determinados prestadores de servicios médicos.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada en el caso denominado “Operación Cobra”, Hazim habría rechazado cancelar contratos prospectivos cuestionados por la Sisalril debido a presunta mala calidad del gasto, entre los cuales figura la Clínica Cruz Jiminián.
Según el testimonio del exgerente del SeNaSa, Jaime Miguel Licairac Hernández, las advertencias para rescindir dichos contratos fueron formuladas en enero y febrero de este año, pero habrían sido ignoradas por el entonces director de la institución.
“El de Jiminián yo no lo voy a tocar; que la Sisalril se emburuje con Cruz Jiminián”, habría sido la respuesta atribuida a Hazim, de acuerdo con una declaración jurada citada por el Ministerio Público, la cual describe una actitud de desacato institucional y presunta protección a prestadores privilegiados.
Licairac Hernández también declaró que presentó su renuncia de manera precipitada ante la negativa de Hazim de reconocer las pérdidas acumuladas del SeNaSa, que, según los estados financieros, superaban los RD$2,600 millones.
Testimonios clave
Otro testimonio considerado de alto valor probatorio por el órgano acusador es el de Roberto Canaán Acta, a quien se vincula con el círculo interno del exdirector.
Según la acusación, Canaán confesó haber entregado RD$10 millones en efectivo a Hazim, dinero que habría sido aportado por Osman Andrés, hijo del propietario del Centro Médico Elohim, presuntamente destinado a la campaña política de 2024.
Además, Canaán describió el funcionamiento interno del Comité de Contrataciones Médicas, señalando que decisiones clave eran avaladas mediante señales de una asistente directa de la dirección. También mencionó la existencia de un círculo íntimo identificado por apodos, presuntamente vinculado a empresas bajo investigación.
El Ministerio Público sostiene que estos testimonios permiten evidenciar la existencia de una red de influencia sobre órganos reguladores del sistema de seguridad social, incluyendo el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Sisalril.
Investigación continúa
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que la investigación sigue abierta y que más personas podrían ser sometidas a la justicia, subrayando que el objetivo principal es el esclarecimiento total de los hechos y la recuperación de los fondos presuntamente desviados.
Hasta el momento, además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Messina, Germán Robles, Francisco Minaya, Eduardo Read, Cinty Acosta, Ramón Speakler, Ada Ledesma, Heidi Pineda y Rafael Luis Martínez.
El proceso se encuentra en fase judicial, mientras el Ministerio Público avanza con lo que ha denominado una segunda etapa de la investigación, conocida internamente como “Senasa 2.0”.
