¡Fortalecer el Código Penal! Empresario Porfirio López Nieto propone modificaciones para consolidar la soberanía y el orden jurídico

SANTO DOMINGO. – En un esfuerzo decisivo encaminado a resguardar la coherencia del sistema legal dominicano, el empresario, activista y líder social Porfirio López Nieto ha abogado firmemente por la adopción de un proyecto de ley concebido para modificar de forma estructural los artículos 173, 175 y 180 de la Ley núm. 74-25 (Código Penal de la República Dominicana). Esta iniciativa procura optimizar y dotar de máxima eficacia la persecución penal, al tiempo que salvaguarda las libertades públicas, la soberanía nacional y la libertad de empresa.

López Nieto puntualizó que, si bien la protección contra la discriminación real es un pilar irrenunciable para el Estado social y democrático de derecho, se torna imperativo dotar al ordenamiento penal de filtros claros que impidan la instrumentación de querellas abusivas, garantizando que la ley responda a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Precisiones medulares contra el abuso procesal y el chantaje legal

La iniciativa apoyada por el líder social introduce enmiendas sustanciales a las tipificaciones del artículo 173, estableciendo excepciones explícitas y salvaguardas legales que blindan a las instituciones, comercios y sectores productivos:

• Cumplimiento legal ante bienes y servicios: Se introduce una cláusula de salvaguarda en el numeral 1, aclarando que negar un bien o servicio no constituirá discriminación si se fundamenta en el legítimo incumplimiento de requisitos legales o reglamentarios exigibles para su suministro.
• Garantía para la economía legal: El numeral 2 delimita la protección penal contra el obstáculo de actividades comerciales, precisando que la acción penal únicamente procederá si la actividad económica afectada está siendo ejercida de manera estrictamente legal.
• Protección a las exigencias académicas: El numeral 5 dispone de forma taxativa que la legítima exigencia de requisitos documentales o académicos establecidos de manera general por las autoridades competentes no podrá ser tildada de negación discriminatoria al acceso a la educación.
• Objeción de conciencia y religiosa: Los párrafos II y III consagran la plena libertad de conciencia y de culto, decretando que no existirá el delito de discriminación cuando el prestador de un servicio o contratante fundamente su negativa en motivaciones religiosas u objeción de conciencia, respetando el orden público.

El blindaje migratorio y la soberanía nacional

Uno de los puntos más determinantes de la ley defendida por Porfirio López Nieto radica en la desconexión total del ámbito penal de los controles migratorios soberanos del Estado:

• La condición migratoria no es un fuero personal: El párrafo IV instituye de manera firme que exigir documentos establecidos por la legislación migratoria, sus reglamentos y leyes conexas jamás constituirá discriminación. Adicionalmente, determina que la situación migratoria de un ciudadano no representa bajo ningún concepto una condición social, personal o inherente a la persona para los fines del Código Penal.
• Continuidad de las deportaciones: El párrafo V blinda las atribuciones ejecutorias de las autoridades, disponiendo que la interposición de una denuncia o querella bajo el pretexto de discriminación no tendrá el poder de suspender ni condicionar los procedimientos administrativos migratorios, incluida la deportación legal.
• Inmunidad para agentes públicos: Modificando el artículo 180, se decreta que ningún funcionario o servidor público incurrirá en infracción penal por discriminación al momento de dar fiel cumplimiento y ejecutar la legislación migratoria vigente.

Elemento de prueba corroborante y blindaje contractual para el sector privado

Con el propósito de evitar la proliferación de demandas infundadas basadas en el mero relato verbal, la pieza legislativa transforma el régimen procesal en su artículo 175 y en el párrafo VI del artículo 173:

• Fin de las denuncias de sola palabra: A pena de inadmisibilidad inmediata, toda denuncia, querella o acción judicial deberá estar respaldada por al menos un elemento de prueba objetivo y verificable distinto al testimonio oral del denunciante, tales como documentos, peritajes materiales, correos electrónicos o grabaciones audiovisuales de videovigilancia.
• Respeto a la Libertad Contractual: El párrafo VII resguarda la libertad de empresa. El empleador dominicano no estará obligado a justificar o informar a un aspirante las razones por las cuales rechazó su contratación, y dicha ausencia de expresión de motivos no constituirá bajo ninguna circunstancia indicio de discriminación ni invertirá la carga de la prueba en los tribunales.

«Esta ley dota a la República Dominicana de un Código Penal moderno, justo y equilibrado. Asegura la dignidad de todos los ciudadanos contra el agravio discriminatorio real, pero al mismo tiempo levanta una muralla inexpugnable que protege nuestra soberanía territorial, la libertad de nuestras empresas y la cordura de nuestros tribunales frente a querellas estratégicas e infundadas», puntualizó el empresario y líder social Porfirio López Nieto.

50 Casos hipoteticos art 173 – Camara de Diputados (objeto, efecto y casos) v17