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JCE advierte reducción del financiamiento a partidos pondría en riesgo el sistema democrático


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Santo Domingo. — La Junta Central Electoral (JCE) expresó este jueves su preocupación ante la posibilidad de que se reduzca nuevamente la partida destinada al financiamiento público de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el año 2026, al considerar que la medida podría afectar el funcionamiento del sistema democrático y electoral de la República Dominicana.

El órgano electoral advirtió que los recursos asignados a las organizaciones políticas forman parte de los mecanismos establecidos por la ley para garantizar la participación democrática, el fortalecimiento institucional de los partidos y la transparencia en los procesos electorales.

La posición de la JCE surge en medio del debate nacional generado tras la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % los fondos destinados a los partidos políticos como parte de un plan de austeridad frente al contexto económico internacional y el impacto de la crisis global.

Según la institución, una disminución adicional del financiamiento podría limitar las capacidades operativas de los partidos, afectar programas de formación política y debilitar el equilibrio del sistema electoral.

La entidad recordó que el financiamiento público a los partidos está contemplado en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, como una herramienta para promover mayor equidad y reducir la influencia del dinero privado en la política.

Mientras algunos sectores respaldan el recorte alegando que el país necesita priorizar recursos en áreas sociales y económicas, otros consideran que disminuir los fondos a las organizaciones políticas podría abrir espacio a mayores niveles de desigualdad y dependencia de financiamiento externo o privado.

El tema ha generado posiciones encontradas en el escenario político nacional. Sectores sindicales y parte de la opinión pública apoyan la reducción presupuestaria, mientras partidos de oposición y ahora la propia JCE alertan sobre posibles consecuencias para la estabilidad democrática y el fortalecimiento institucional.

Se espera que el debate continúe en las próximas semanas en el Congreso Nacional y entre los diferentes actores políticos y sociales del país.

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