Jurista Castellanos Ruano aseguró que presidente del Colegio de Abogados Miguel Surún usa la organización como un ente de su propiedad

Santo Domingo. – El jurista Castellanos Ruano aseguró que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, usa esa organización como un ente de su propiedad ya que viene haciendo “lo que él quiera” sin que nadie ejerza control sobre sus acciones.

Mediante un artículo titulado “Si hubiera ocurrido en un colegio de abogados extranjeros”, Castellanos detalló los actos de corrupción en que se ha visto envuelto Surún Hernández, de los cuales muchos están apoderados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

De igual forma el abogado sostuvo: “Si en cualquier otro país del mundo un presidente de un colegio de abogados se ve implicado en los actos que a continuación indicamos (los cuales son una pequeña parte de una enorme lista), el propio colegio de abogados, sus instituciones internas, se hubiesen puesto en funcionamiento automáticamente para iniciar un juicio disciplinario, juzgar y expulsar a su presidente y someterlo penalmente”, indicó el jurista.

Asimismo, entre las acusaciones que mencionó Castellanos está la querella depositada, a través del abogado Jorge Lora Castillo, sobre que Surún Hernández compró a título personal por 106 millones de pesos terrenos en la Provincia de La Altagracia, de lo cual se depositaron las pruebas correspondientes.

Por otro lado: “Si se reúne a todos los presidentes de abogados y se suma la fortuna de todos ellos, la cantidad total de todos ellos sigue siendo chiquita, pero muy chiquita, a años luz de distancia de esos 106 millones de pesos”, expuso Castellanos.

En ese sentido, el abogado recordó que Surún Hernández se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), a pesar de que el Colegio de Abogados maneja recursos públicos.

“La PEPCA fue apoderada de una Denuncia formal contra el presidente del colegio de abogados por un delito previsto por la ley especial orgánica de la Cámara de Cuentas y que se llama delito de Negarse a ser auditado, basada dicha denuncia en pruebas documentales emanadas de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República y de la Tesorería Nacional”, dijo.

“Ese señor ha manejado centenares de millones de pesos que no se sabe que él ha hecho con ellos, pero lo que sí se sabe que no han ido a parar a servicios de seguridad social ni a cooperativa ni a centros de recreación para los abogados, etcétera”, agregó.