La soberanía no se discute en Londres

Por: Julissa Domínguez León

Desde su sede en Londres, Amnistía Internacional insiste en dictar lecciones seudomorales a países como República Dominicana, disfrazando sus presiones ideológicas de defensa de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha dejado de ser una voz ética para convertirse en una maquinaria global de presión ideológica, revestida de buenas intenciones y todos conocemos ese lugar que está colmado de los “buenos intencionados”. Con informes manipulados, realidades sacadas de contexto y acusaciones más cercanas al chantaje que al activismo legítimo, ha pasado de ser defensora de los derechos civiles a promotora de privilegios selectivos, lloriqueando una inclusión forzada, a menudo a favor de grupos que se victimizan sin rendir cuentas e ignorando a los que realmente necesitan auxilio y representación. Alegan independencia y financiamiento no partidista, pero la opacidad de sus donantes y la estructura de toma de decisiones revelan una hoja de ruta marcada por intereses oscuros, más políticos que humanísticos.

Y aunque sería injusto negar sus orígenes heroicos bajo la impronta de Peter Benenson, lo cierto es que hoy esa mística no vive en sus pasillos. Un informe interno de 2019 evidenció un ambiente laboral tóxico, plagado de humillaciones, acoso y discriminación. Como ocurre con toda burocracia absorbida por su propio ego institucional, Amnistía se ha vuelto juez y parte. Antes de dictar sentencia sobre los países que intentan mantenerse a flote entre la desigualdad y la presión internacional, deberían empezar por arreglar su propia casa. Y mucho más cuando se atreven a calumniar al país más empático con la crisis haitiana, que intenta proteger su territorio sin renunciar a la solidaridad.

En República Dominicana, Amnistía Internacional ha sostenido un patrón persistente de desinformación y manipulación. Su narrativa insiste en calificar al Estado dominicano de xenófobo, machista y represor, obviando por completo los esfuerzos institucionales, legales y sociales que este país ha sostenido durante décadas en materia de acogida, protección y reformas. Republica Dominicana no es perfecta, pero es un buen ejemplo de evolución socio-cultural natura, orgánica, sin ingeniería social experimental.

Con respecto a la migración haitiana, Amnistía no reconoce la presión que vive un Estado insular con servicios colapsados, frontera abierta y una nación vecina en crisis permanente. En lugar de promover soluciones regionales, se limita a lanzar acusaciones unilaterales que terminan alimentando estigmas y aislando diplomáticamente al país.

En el plano legislativo, presiona con fuerza extranjera para condicionar la soberanía nacional sobre temas delicados como el aborto y el matrimonio igualitario, descalificando toda voz opuesta como retrógrada o “enemiga de los derechos humanos”. ¿Desde cuándo disentir se volvió delito? ¿Desde cuándo una ONG global decide qué pueblo es civilizado y cuál no?
Ese activismo ha dejado de ser denuncia para convertirse en dictamen. Y eso es peligroso, porque sustituye el diálogo democrático por un monólogo financiado.

La credibilidad de una organización internacional no puede medirse por la fuerza de sus comunicados, sino por la coherencia de su actuar. Hoy, Amnistía Internacional no inspira confianza: ni en sus métodos, ni en sus fuentes, ni en su respeto por la diversidad cultural y política de las naciones.

El espíritu de justicia no impone: propone. No amenaza: construye. No divide: escucha. Y, sobre todo, no se financia en la sombra mientras predica con linterna ajena. La República Dominicana no necesita ser corregida por actores con moral selectiva, sino acompañada con respeto, verdad y memoria. Porque aquí sí hay derechos humanos, pero también hay dignidad nacional. Y esa, no se negocia.