Por: Jochy Tejeda
La República Dominicana está siendo testigo de un fenómeno que ya no puede maquillarse ni minimizarse: la transformación de grupos de motoristas en turbas violentas capaces de imponer su propia “justicia” en las calles. Lo que antes se percibía como desorden vial o indisciplina ciudadana, hoy escala peligrosamente hacia episodios de violencia colectiva que terminan en tragedia.
El caso reciente en Santiago de los Caballeros, donde un conductor de un camión de basura perdió la vida tras ser atacado por una multitud de motoristas, no es un hecho aislado. Es la evidencia más cruda de un problema estructural que viene creciendo ante la mirada pasiva —o incapaz— de las autoridades. Aquí no estamos hablando de un simple conflicto de tránsito; estamos frente a la consolidación de una cultura de turba.
Cuando un grupo decide castigar, golpear o incluso matar a una persona en plena vía pública, se rompe el contrato social. Se envía un mensaje claro: la ley no importa, el Estado no está presente y cualquiera puede convertirse en verdugo. Ese es el punto más peligroso de esta situación: la normalización de la barbarie.
No se puede seguir justificando estos hechos bajo la excusa de la “calentura del momento” o la “reacción colectiva”. La violencia en grupo no es espontánea; es el resultado de años de permisividad, de falta de consecuencias y de una débil aplicación de la ley. Mientras no haya un régimen de consecuencias claro y contundente, estos episodios seguirán repitiéndose.
También hay que decirlo sin rodeos: dentro del sector de los motoristas existe una minoría organizada en torno al irrespeto, la intimidación y la impunidad. Esa minoría ha ido ganando terreno, imponiendo su lógica en las calles y arrastrando a otros a dinámicas peligrosas. El problema no es el motorista que trabaja dignamente; el problema es la cultura de grupo que se activa cuando sienten que pueden actuar sin límites.
¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la capacidad preventiva? ¿Dónde están las sanciones ejemplares? La respuesta, hasta ahora, ha sido insuficiente. No basta con operativos ocasionales ni discursos de condena después de los hechos. Se necesita una estrategia integral que combine control, educación vial, inteligencia preventiva y, sobre todo, consecuencias reales para quienes participen en actos de violencia colectiva.
Si el Estado no retoma el control, otros lo harán. Y cuando eso ocurre, lo que impera no es la justicia, sino la ley del más fuerte, del más violento, del que grita más duro o golpea primero.
La sociedad dominicana no puede acostumbrarse a ver linchamientos modernos en sus calles. No puede aceptar que una multitud decida quién vive y quién muere. Ese camino solo conduce al caos.
Este no es un llamado más. Es una advertencia.
O se enfrenta este fenómeno con firmeza ahora, o mañana será demasiado tarde.
