Punta Catalina: la pesada carga financiera de un proyecto fallido

Los llamados gurús económicos vinculados a Punta Catalina evitan mencionar un dato clave: por los US$3 mil millones que costó la construcción de las plantas termoeléctricas, el Estado dominicano paga una tasa de interés anual del 9%, equivalente al promedio de la deuda externa de la República Dominicana, dentro de la cual se incluye lo invertido en esas cuestionadas y contaminantes instalaciones.

Ese porcentaje significa que, cada año, el país debe desembolsar alrededor de US$270 millones solo en intereses, sin contar el capital, lo que representa un golpe directo a las finanzas públicas y, en consecuencia, al bolsillo de los ciudadanos.

La verdad irrefutable es que Punta Catalina se ha convertido en una perversión económica, un rotundo fracaso y un escandaloso desfalco, gestado y ejecutado por los responsables del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes lo presentaron como la gran solución energética del país, pero en realidad lo utilizaron como instrumento para uno de los mayores actos de corrupción de nuestra historia reciente.

Exigencia ciudadana

Ante este panorama, resulta impostergable que el actual gobierno disponga una auditoría integral, técnica y financiera de Punta Catalina, así como una rendición de cuentas transparente a la sociedad dominicana. El pueblo tiene derecho a saber cómo y en qué se gastaron sus recursos, quiénes se beneficiaron de este negocio oscuro y cuáles responsables deben responder ante la justicia.

Punta Catalina no puede seguir siendo un lastre disfrazado de solución; debe ser el punto de partida para que nunca más se repita un fraude de semejante magnitud en la historia nacional.