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RESUMEN
SANTO DOMINGO.- El expediente de solicitud de medida de coerción de la denominada Operación Cobra 2.0-A, vinculada a la investigación por un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), recoge uno de los casos más llamativos señalados por el Ministerio Público: reclamaciones por procedimientos ginecológicos atribuidas a un afiliado masculino.
La imputación señala a la ginecóloga y especialista en obstetricia Griselda Altagracia Basora Ramírez como una de las personas que presuntamente habrían participado en el esquema investigado. Las imputaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser conocidas y valoradas judicialmente.
Según el Ministerio Público, Basora Ramírez presentó ante SeNaSa dos reclamaciones médicas el 22 de julio de 2024 a nombre de un hombre.
Entre los conceptos registrados aparecen un “trastorno no inflamatorio especificado de la vulva” y una “resección de granuloma vulvoperineal”. El órgano persecutor sostiene en su expediente que esos diagnósticos y procedimientos resultaban incompatibles con la anatomía masculina del afiliado al que fueron cargados.
Afiliado niega haber recibido la atención
La investigación no se limita a la incompatibilidad de los procedimientos registrados.
De acuerdo con el expediente, cuando el afiliado fue entrevistado por el Ministerio Público aseguró que no reconocía como propia la firma que figuraba en la documentación utilizada para las reclamaciones.
El hombre también declaró que no había recibido las atenciones médicas que figuraban en los registros ni había sido atendido en el Centro Médico Universal, según la versión contenida en el expediente.
Para el Ministerio Público, estos elementos forman parte de las evidencias que sustentan su hipótesis de que se habrían confeccionado expedientes y reclamaciones médicas utilizando información de afiliados para cobrar servicios que estos aseguran no haber recibido.
Investigación abarca miles de autorizaciones
El caso de Basora Ramírez forma parte de una investigación mucho más amplia.
Según Diario Libre, el expediente identifica 4,363 presuntas autorizaciones fraudulentas por servicios de cirugía menor ambulatoria y consultas especializadas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
El Ministerio Público sostiene que la estructura habría utilizado datos personales de afiliados para confeccionar expedientes clínicos y tramitar procedimientos que posteriormente eran presentados para su autorización y pago.
En esta fase de la denominada Operación Cobra 2.0-A figuran 26 personas, entre ellas 22 médicos. El órgano persecutor atribuye al esquema investigado un perjuicio superior a RD$41 millones y ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los imputados, además de que el proceso sea declarado complejo.
Estas cifras y señalamientos corresponden a la tesis presentada por el Ministerio Público y no constituyen por sí mismos una sentencia definitiva contra los imputados.
Centro Médico Universal se desvincula
Este jueves 24 de septiembre, el Centro Médico Universal difundió un comunicado en el que se desvinculó de actuaciones que Basora Ramírez pudiera haber realizado fuera del ámbito de responsabilidad de la institución.
El centro aseguró además, respecto de otra afiliada que presentó una querella vinculada al caso, que no existe constancia de que esa persona fuera paciente de la institución y sostuvo que tampoco recibió pagos de SeNaSa correspondientes a servicios prestados a esa mujer.
La investigación continúa mientras el sistema judicial conoce las imputaciones, evidencias y argumentos de las partes involucradas.
