Tony Peña Guaba, debería renunciar como también lo hizo Kimberly Taveras

Por Fitzgerald Tejada Martínez

Santo Domingo. -Un proceso nebuloso, turbio, y sin aparente soporte legal, cubrirá una de las primeras páginas del libro que se escribirá en el futuro, sobre el gobierno del presidente, Luis Abinader. Se trata de la repartición de 100 millones de pesos, por parte del gabinete que coordina las políticas sociales del gobierno, cuyo titular, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony Peña), supuestamente, contrató a futuro, 70 artistas dominicanos, a pesar de la calamitosa situación económica que atraviesa el país.

De inmediato, fruto de la indignación que provocó este hecho, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), abrió una investigación donde estableció, preliminarmente, las condiciones reales que acompañaron dicha transacción económica; advirtiendo que se trató de una contratación directa, sin mediación del proceso que rige la ley 340-06, sobre compras y contrataciones. Por lo tanto, recomendó rescindir esos contratos, al tiempo que también limitó la suscripción de nuevos contratos, así como la entrega de fondos públicos, basados en este concepto.

Asimismo, dejó claramente establecido que ninguna institución pública, puede realizar contrataciones directas, explicando además que, a pesar de haber sido considerado un contrato por excepción, la contratación de artistas por parte del gobierno, deberá realizarse conforme a los procedimientos que dispone la ley, y sus reglamentos de aplicación.

Este reglamento ordena de forma precisa, adjudicar un informe pericial que justifique la utilización del recurso de excepción; una resolución motivada y emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución, recomendando su uso; también, expide una certificación de aprobación presupuestaria, emitida por la dirección administrativa o financiera de la DGCP, publicada, posteriormente, en el Portal Transaccional e Institucional, a los fines del conocimiento general de dicho procedimiento de contratación.

Sin embargo, al indagar en el Portal Transaccional, para verificar el cumplimiento de los procedimientos, la Dirección de Contrataciones Públicas, estableció en su informe que esas contrataciones no fueron debidamente gestionadas a través de dicha plataforma, conforme al principio establecido sobre la transparencia, descrito en el artículo 6 del decreto no. 350-17, que rige ese organismo de regulación; indicando además que se actuó con inobservancia de la misma, por lo que iniciará un proceso de investigación para establecer las bases legales que sustentaron dichas transacciones.

A propósito de este particular suceso, la sociedad, solicita al presidente de la república, detener los constantes desaciertos que, diariamente, cometen algunos de los funcionarios de su gobierno, al tiempo que reclaman la inmediata remoción de aquellos que incurren en “errores” que ponen en riesgo el patrimonio del Estado. Asimismo, exhortan al mandatario, a mantener su palabra, en cuanto a que pondrá distancia entre su accionar austero y las destemplanzas de algunos de sus colaboradores.