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RESUMEN
SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso de revisión constitucional interpuesto por Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, alias «Maconi», dejando firme la condena de 20 años de prisión que cumple por su vinculación con un cargamento de 1,502 paquetes de cocaína incautados a bordo del buque Kaluba.
Con esta decisión, el alto tribunal confirmó la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, al considerar que no se produjeron las violaciones al debido proceso alegadas por la defensa del condenado.
«Maconi», señalado como excolaborador del excapo del narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo, buscaba anular la condena argumentando que el registro del buque se realizó de manera ilegal en aguas internacionales y que las pruebas obtenidas durante la investigación carecían de validez jurídica.
No obstante, el Tribunal Constitucional concluyó que los planteamientos presentados no demostraban vulneraciones a derechos fundamentales y respaldó los argumentos previamente establecidos por la Suprema Corte de Justicia.
La alta corte determinó que el cuarto de máquinas de la embarcación, donde fueron ocultados los 1,502 paquetes de cocaína, constituye un área común del buque y no un espacio equiparable a un domicilio privado, por lo que el registro realizado por las autoridades no violó garantías constitucionales.
Asimismo, los jueces validaron la legalidad de las interceptaciones telefónicas practicadas durante la investigación y establecieron que el abordaje del buque estuvo amparado por las disposiciones del Derecho Internacional del Mar, descartando cualquier actuación irregular por parte de los organismos de persecución.
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional agotó la revisión de los principales cuestionamientos presentados por la defensa de Guevara Díaz, manteniendo vigente la decisión condenatoria emitida por los tribunales ordinarios.
La resolución representa un nuevo revés judicial para «Maconi», quien continuará cumpliendo la pena de 20 años de reclusión mayor, luego de que el máximo órgano de control constitucional del país confirmara la legalidad del proceso y de las pruebas que sustentaron su condena por narcotráfico.
