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RESUMEN
SANTO DOMINGO.-Una hermana, dos sobrinos y los suegros del general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola figuran entre las personas condenadas por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por su participación en un entramado de corrupción administrativa y lavado de activos.
Lucía de los Santos Viola, hermana del oficial, fue sentenciada a cinco años de prisión y al pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.
El tribunal la declaró culpable de los delitos de lavado de activos y testaferrato, previstos y sancionados en los artículos 3.3 y 4.9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como en los artículos 3 y 18 de la Ley 72-02.
De acuerdo con el Ministerio Público, recibía pagos por concepto de alquileres de propiedades vinculadas a la estructura criminal encabezada por los altos mandos militares.
Asimismo, Onoris Beatriz Soto de los Santos, sobrina del oficial, fue encontrada culpable de testaferrato, en violación al artículo 4, numeral 9, de la Ley 155-17.
Como sanción, deberá cumplir cinco años de prisión y pagar una multa de 100 salarios mínimos.
Según la acusación del órgano persecutor, poseía poderes legales para administrar varios inmuebles pertenecientes a su tío que formaban parte de la estructura patrimonial que será decomisada.
También el sobrino Raymel Pastor del Rosario Viola fue condenado a tres años de prisión y al pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.
Dentro del grupo de familiares de Viola condenados están los suegros Manuel de Jesús Alba Solano y Élida María Trinidad Santiago, declarados culpables del delito de lavado de activos.
El tribunal determinó que ambos violaron los artículos 3 y 18 de la Ley 72-02, imponiéndoles una condena de cinco años de prisión y una multa de 50 salarios mínimos del sector público para cada uno.
Red de corrupción integrada por militares y civiles
Las condenas forman parte de la sentencia emitida contra una estructura de corrupción administrativa liderada por altos mandos militares, cuyos integrantes recibieron penas de hasta 20 años de prisión.
Según estableció el Ministerio Público, los generales encabezaron una red integrada por personas físicas y jurídicas que operó entre los años 2012 y 2020, desviando recursos públicos provenientes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La organización creó un complejo esquema para ocultar y movilizar fondos obtenidos de manera ilícita mediante el uso de familiares, allegados, empresas y testaferros, con el propósito de encubrir el origen de los recursos y adquirir bienes muebles e inmuebles.
Entre las instituciones afectadas por las operaciones fraudulentas también figura el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
La sentencia representa uno de los fallos más relevantes en materia de persecución de la corrupción administrativa y el lavado de activos en República Dominicana, al involucrar a exfuncionarios militares de alto rango, familiares directos y personas vinculadas a la estructura financiera utilizada para desviar y ocultar recursos del Estado.
El fallo fue emitido por las juezas Gisslle Méndez ( presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo.
