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RESUMEN
Santo Domingo, RD.– Solo en República Dominicana se permite que un hecho de tal magnitud pase inadvertido. El diputado Gory Moya y el abogado Julio Cury, según múltiples denuncias, habrían conspirado para despojar al empresario Antonio Carbone de su dinero y propiedades, logrando su cometido sin que hasta el momento se haya producido consecuencia alguna.
Este caso, que en cualquier otro país sería un escándalo de proporciones mayúsculas, en República Dominicana ha quedado enterrado bajo el manto de la impunidad, lo que genera fuertes cuestionamientos sobre la salud de nuestro sistema de justicia y el blindaje de ciertos sectores de poder.
“La realidad es que este sistema está podrido. Aquí dos figuras públicas se confabulan para quitarle lo suyo a un ciudadano, y no pasa absolutamente nada”, lamentó una fuente vinculada al caso, señalando que los organismos de control y las autoridades competentes han permanecido indiferentes.
Este episodio se suma a una larga lista de denuncias de corrupción, tráfico de influencias y privilegios judiciales que continúan alimentando la percepción de que en el país la ley no aplica de la misma manera para todos.
