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RESUMEN
Santo Domingo.- A un mes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el debate sobre las tres causales del aborto volvió a ocupar el centro de la discusión pública en República Dominicana, luego de que organizaciones feministas presentaran una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La instancia busca la anulación de los artículos relacionados con la penalización del aborto en el nuevo marco legal, con el objetivo de que se reconozcan excepciones que permitan la interrupción del embarazo en circunstancias específicas, conocidas como las tres causales: cuando la vida de la madre esté en riesgo, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto, y cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
Las organizaciones argumentan que la normativa actual vulnera derechos fundamentales de las mujeres y que el Tribunal Constitucional debe garantizar la protección de estos derechos a través de una interpretación que, según su postura, incorpore dichas excepciones.
El recurso ha reactivado un debate jurídico y social que ha acompañado durante años la discusión del Código Penal, y que vuelve a dividir a sectores de la sociedad civil, el ámbito político y el religioso.
Posición de legisladores
En respuesta, legisladores han señalado que el Tribunal Constitucional debe conocer y fallar los recursos sometidos por los ciudadanos dentro de su marco de competencias, pero advirtieron que este órgano no tiene facultad para legislar ni para crear nuevas disposiciones legales.
En ese sentido, sostienen que cualquier modificación relacionada con las tres causales corresponde exclusivamente al Congreso Nacional, como órgano encargado de la elaboración y reforma de las leyes.
Debate abierto en la sociedad
La discusión vuelve a poner sobre la mesa una de las controversias más sensibles del sistema jurídico dominicano: el equilibrio entre derechos fundamentales, decisiones legislativas y el alcance de las atribuciones del Tribunal Constitucional.
Mientras sectores feministas insisten en la necesidad de reconocer excepciones que consideran esenciales para la protección de la vida y la salud de las mujeres, otros sectores defienden la actual redacción del Código Penal y respaldan que cualquier cambio debe producirse únicamente a través del proceso legislativo.
El caso se perfila como un nuevo punto de tensión institucional y social en torno a uno de los temas más debatidos de la agenda pública nacional.
