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RESUMEN
La reelección presidencial en la República Dominicana ha sido, desde finales del siglo pasado, el gran “talón de Aquiles” del sistema político. Cada cierto tiempo, ese fantasma regresa, agita pasiones, divide partidos y termina poniendo en evidencia la fragilidad institucional que, pese a los avances, aún persiste. La más reciente reforma constitucional la de 2024 intentó romper con ese ciclo de tensión permanente al establecer un límite definitivo: dos períodos y nunca más.
Sin embargo, como si la historia se empeñara en repetirse, el tema vuelve a instalarse en la conversación pública. Los nombres de Luis Abinader y Danilo Medina reaparecen en el debate como posibles aspirantes a una nueva contienda electoral. Pero aquí es donde la política debe ceder paso a la ley: ambos están constitucionalmente impedidos de volver a postularse como presidente o vicepresidente de la República. No hay interpretación creativa, no hay resquicio jurídico y no hay atajos.
La Constitución es clara, tajante y categórica. El artículo 124, producto de la reforma de 2024, establece que un presidente solo puede optar por un segundo mandato consecutivo; cumplido ese período, queda inhabilitado para aspirar nuevamente. Esa cláusula no deja espacio para especulaciones. Es un candado institucional pensado precisamente para evitar que el país vuelva a caer en las maniobras, presiones y distorsiones que tantas veces han erosionado la credibilidad democrática.
Pretender reabrir el debate, insinuar nuevas interpretaciones o jugar con el lenguaje político no solo sería irresponsable, sino peligroso. La República Dominicana necesita reglas claras, no excepciones a la medida de ambiciones personales. Necesita confianza, no ansiedad constitucional. Necesita continuidad institucional, no pulsos de poder.
Si algo ha demostrado nuestra historia reciente es que ningún proyecto político por exitoso que sea merece sacrificar la estabilidad democrática. Y ningún líder, por popular que haya sido, está por encima de la Constitución.
En un país donde la desconfianza ciudadana hacia la clase política es alta, lo peor que podría hacer la dirigencia nacional es reabrir heridas que ya costaron demasiado. El mandato de la Constitución es definitivo: dos períodos y nunca más. Y respetarlo no es una opción… es una obligación.
