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RESUMEN
Santo Domingo.- Alegando principios éticos y prudencia, la magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras se inhibió del conocimiento de la demanda por incumplimiento de contrato y reparación de daños y perjuicios, incoada por Ciprián Reyes y el Partido Demócrata Dominicano (PDD) contra el presidente Luis Abinader Corona, Franklin García Fermín (exministro del Mescyt), Andrés Alberto Lugo Risik, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y José Ignacio Paliza.
Se trata de la jueza de la Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra quien previamente fue presentada una recusación, la cual —según explicó— fue decidida en su ausencia, ya que se encontraba en licencia pre y postnatal.
La demanda llegó a la SCJ y, desde allí, volvió al tribunal donde ella ejerce.
La inhibición de la magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras introduce un elemento clave en el proceso, ya que obliga a la redistribución del expediente a otro juez competente dentro de la jurisdicción civil del Distrito Nacional. Este tipo de decisiones, sustentadas en principios éticos y de prudencia, buscan garantizar la imparcialidad del proceso y evitar cualquier cuestionamiento sobre la objetividad del tribunal.
En el plano legal, la inhibición es una figura contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano que permite a un juez apartarse voluntariamente de un caso cuando entiende que existen razones que podrían afectar su independencia o generar percepciones de parcialidad. En este caso, el antecedente de una recusación previa —aunque haya sido decidida— y su ausencia por licencia pre y postnatal pudieron influir en su decisión de no continuar conociendo el expediente.
Ahora bien, el proceso entra en una nueva etapa. El tribunal deberá designar un sustituto que asuma el conocimiento de la demanda, lo que podría implicar retrasos en el curso del caso, dependiendo de la carga judicial y de posibles incidentes procesales que las partes decidan interponer.
Desde el punto de vista político, la demanda reviste especial atención por involucrar directamente al presidente de la República, Luis Abinader, así como a figuras relevantes del oficialismo y al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Aunque se trata de un proceso de naturaleza civil —relacionado con alegados incumplimientos contractuales y daños y perjuicios—, su impacto mediático es significativo y podría generar lecturas en el escenario político nacional.
Asimismo, el hecho de que el expediente haya pasado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) antes de retornar al tribunal de origen sugiere que ya ha enfrentado incidencias procesales importantes, posiblemente relacionadas con competencia, recusaciones u otros recursos legales.
En lo adelante, habrá que observar:
- La designación del nuevo juez o jueza.
- Las estrategias legales de las partes involucradas.
- Si surgen nuevos incidentes procesales que prolonguen el caso.
- El manejo mediático y político del proceso.
Este caso se perfila como uno de los litigios civiles de mayor visibilidad en el contexto actual, no solo por las partes involucradas, sino por las implicaciones institucionales que puede generar.
