Santo Domingo. – La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, varió este martes la medida de coerción de cuatro imputados en el caso Coral, quienes guardaban prisión desde mayo de 2021.
En un documento Rivas explicó que estos implicados cumplían con prisión preventiva de 18 meses, y destacó que se trata de un amplio proceso en el que analizó el comportamiento procesal de los acusados y de las autoridades.
Asimismo, resaltó que, de esos meses de prisión preventiva, el Ministerio Público agotó la primera docena en la fase de investigación, y los restantes la fase preliminar, en la que han operado diez audiencias, siendo la primera fijada para el 15 de junio 2022.
En esa fecha, la jueza afirmó que las defensas advirtieron al tribunal que los implicados privados de libertad no se les permitía acceso a sus abogados ni a equipos electrónicos.
Rivas indicó que ese aspecto fue evaluado por el tribunal y posteriormente se ordenó que los centros penitenciarios permitan el acceso de equipos electrónicos, o habiliten equipos electrónicos, para los imputados en Coral.
Sin embargo, según la jueza, hasta el 2 de septiembre de este año no se había cumplido con esta orden, por lo que le pareció “procedente” variar la medida de coerción.
“En sentido general se retiene que la dilación para la instrucción de la audiencia preliminar no ha sido generada por los imputados, siendo procedente acoger el cese de la prisión preventiva por haber transcurrido el plazo sin que los imputados hayan generado dilaciones indebidas”, indicó Rivas.
La variación
Sobre la variación de medida, la jueza dijo que el tribunal decidió imponer otras medidas que garanticen la presencia de los imputados en el proceso judicial.
“En otro orden, el tribunal decide imponer medidas de Coerción, puesto que lo que se ha hecho cesar es la prisión preventiva, siendo razonable e idóneo imponer otras medidas que garanticen la presencia de los imputados en el proceso toda vez que permanece latente el peligro de fuga, la libertad de los imputados a juicio de esta juzgadora si representa un peligro para el proceso y las pruebas, por lo que este tribunal impone estas medidas”, expresó.
Caso Coral
A los encartados por Coral se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Adan Cáceres, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán y Tanner Flete fueron los imputados a los que les variaron medida de coerción a prisión domiciliaria.
A Cáceres y a Núñez de Aza la jueza dispuso además el pago de RD$100 millones como garantía económica bajo la modalidad de contrato, el uso de brazalete electrónico y el impedimento de salida del país.
Mientras que a Guzmán le impusieron el pago de una garantía de 50 millones de pesos bajo modalidad contrato, impedimento de salida y grillete electrónico.
Al hijo de Guzmán, Flete, además del arresto domiciliario, tiene impedida la salida del país y deberá usar un brazalete electrónico.
Reacción del Ministerio Público
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que la decisión que tomó LA JUEZA «busca» que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas.
“Este tribunal con la decisión de hoy pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función. Eso no va a pasar, nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones, nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos presentando”, dijo.
Camacho también indicó que durante el proceso se le otorgó 95 días a los implicados en el caso para que se defiendan de las acusaciones planteadas por los fiscales, pero ahora se «acusa» a la entidad acusatoria “por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva”.
“Este país es el único en el mundo en que el debido proceso y la lógica solamente aplican para beneficiar a los acusados, a los procesados por caso de corrupción, el tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad en este caso, pero esta complejidad no sirve para entender que un caso muy complejo necesita que el ministerio público le dedique tiempo”, manifestó.
