Por: Julián Padilla
Desde hace un par de décadas la República Dominicana vino
experimentando un crecimiento económico “inusitado” al compararse con
la región y muchos países de Latinoamérica. Cifras que casi siempre se
mostraban por encima de un 5% o más en relación al producto bruto
interno.
La crítica fundamental que en oposición se hacía, era que se trataba de un
crecimiento que se apoyaba en un progresivo endeudamiento interno y
externo, así como la manipulación de las políticas monetarias para
mantener una estabilidad en algunas variables macro económicas y hacer
sostenible el modelo de crecimiento.
Sin embargo, con los carriles del crimen organizado, el narco y otros temas
de lavado, ahora no se sabe cuánto dinero sucio apoyo este crecimiento,
el surgimiento de los pulpos y demás especies marinas lo dirán, hasta que
se concluya con la operación océano. Tampoco se sabe si el crimen
organizado que se dice operó por años en su propio submundo luego de
las 2 am, ahora podría estar a sus anchas aprovechando el toque de
queda, con más tiempo para operar libremente. Y de repente ser parte de
la “solución”, “quedando todo lo demás como circo y pantalla”.
Así mismo algo que caracterizó este proceso, fue que el crecimiento
sostenido no era percibido por las grandes mayorías, se verificaban cifras
macro, pero la gente no disfrutaba de ese bienestar quedándose en un
pequeño círculo el beneficio del mismo. Aunque la respuesta del micro
tráfico no se hizo esperar y en estos 20 años floreció junto al blindaje
morado de nuestra economía.
Por otro lado, el país se hizo compromisario de la agenda 2030 auspiciada
por la ONU y abrazó los objetivos del milenio, los ODS, y elaboro cinco ejes
estratégicos que los incluyó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde
se incluían aspectos para eliminar la pobreza, hambre cero, trabajo digno,
inclusión social y varios pactos que como contra partida implicarían hacer
menos onerosa la carga estatal al eliminarse subsidios y gastos tributarios.
Además de pactos entreguistas y destructivos del núcleo familiar.
Esta ley de estrategia nacional de desarrollo se promulgó con la
participación congresual de los principales partidos políticos mayoritarios
del momento con representación en las cámaras y aunque los colores
cambiaron en cuanto al poder relativo en las mismas, no dejaron de tener
presencia los mismos partidos políticos que gravitan con peso en el
sistema.
Esta ley se promulgó en un escenario de crecimiento económico
sostenido. Y se podría decir que “se tenía de donde poder atacar los
problemas planteados y lograr o avanzar en los mismos de esa agenda
2030”.
Recientemente con el ataque mundial que ha representado la pandemia
del covid19, regiones completas han retrocedido una década en su
crecimiento económico y hace sus economías más vulnerables y menos
proclives al cumplimiento de estas metas.
De hecho, los objetivos del milenio deberían replantearse y la agenda
2030 moverse y volver a denominarse como Agenda 2050, sería lo menos
implosivo.
Seria improbable alcanzar estos objetivos de desarrollo y que sean
sostenibles en el tiempo, cuando la economía mundial se ha resentido, y
cuando aun no se ve una luz brillante al final del túnel para la solución
definitiva de la pandemia del coronavirus. Por el contrario se ven grandes
nubarrones que espantan la opinión internacional acompañados de un
gran tsunami que azota con mortandad la India el segundo país más
poblado del planeta y con una presencia mutante que ya extiende a otras
latitudes de la tierra.
Las economías se han resentido, todos los países han tenido que salir en
auxilio de sus habitantes, adoptando por necesidad el confinamiento, el
aislamiento, la cuarentena (excepto la tozudez de la samba) y por eso
comanda la tropa de la mortandad por el covid en el hemisferio y en el
mundo.
Estas ayudas requirieron de aumentar el endeudamiento
significativamente, y con una economía en recesión, que comienza a dar
muestras de recuperación, pero que según los mismos organismos
internacionales implicaron un retroceso de una década.
Dependiendo de los recursos naturales de los países, esos
endeudamientos se hicieron más realizables y nuestro país no escapo a
estas posibilidades por su ubicación geográfica, sociedad con el dinero
sucio y puentil, por el oro y la potencialidad de petróleo de la isla. Tal vez
por esto alguien una vez dijo: “nuestra economía está blindada”.
Pero, sin activación real de la economía, con un turismo diezmado, con un
gran desempleo, con una carestía acelerada de los productos de primera
necesidad, con la suspensión de programas de ayuda por la pandemia, y
con una serie de iniciativas lógicas y bien intencionadas que persiguen
restaurar la actividad económica y re lanzar nuestra economía a los niveles
deseados de crecimiento. El peligro de una conmoción social esta latente.
En este escenario con metas positivas pero con realidades crudas, se
pretenden realizar una reforma fiscal e implementar el pacto eléctrico, a
la vez que se pretende impulsar un proceso de industrialización con
vocación exportadora para encender la mecha del crecimiento económico
de la nación.
Por otro lado como un canto de sirena se realizan las persecuciones
judiciales contra “los que cometieron actos de corrupción” y se
aprovecharon del creciente endeudamiento mediante el tráfico de
influencias, el cohecho y el enriquecimiento basado en sobrevaluaciones.
Esto para calmar las ansias de un pueblo que voto por un cambio y que ve
cada día más empeorar su calidad de vida.
En este punto cabe preguntarse, “si continuamos con las viejas prácticas
de apretar la tuerca, si el pueblo existe para el gobierno o si el gobierno
existe para el pueblo”. “Si la meta debe ser exprimir hasta donde se pueda
al pueblo o si debe ser devolver al pueblo un respiro y un aire de
bienestar”.
La idea de industrialización evidentemente es plausible. Pero requiere la
valentía para probablemente violar acuerdos de libre comercio o salirse de
ellos. Pues no siendo pioneros es casi seguro que el modelo volvería a ser
la sustitución de importaciones por una fabricación o ensamblaje local. Y
para ello se volvería a la protección efectiva que casi siempre viene o con
subvenciones, o con exoneraciones o con la colocación de impuestos a los
productos importados que se desean fabricar localmente.
Este tipo de medidas coloca en una posición de dominio a los
emprendedores que resulten favorecidos y continúa la fiesta ampliando la
brecha de pobreza. Pero volverá el slogan: “consume lo que tu país
produce” y con ello la baja calidad de bienes y servicios y la violación de
tratados internacionales.
Esto con el agravante, de que lograr ser competitivos implicaría poder
lograr productos de marca mundial. Lo que invitaría a la ubicación de
plantas localmente de marcas reconocidas y no del modelo romántico de
la sustitución de importaciones.
La lucha por el dólar continuaría. Pues el componente importado de lo
que se fabricaría localmente seria alto y toma algo de tiempo lograr
volúmenes mayores y plausibles de las exportaciones para equilibrar la
balanza comercial.
Esto no significa que la inversión local no tenga sus atractivos. Pero con los
esquemas de libre comercio se necesitará cumplir con los estándares que
normalmente exigen los productos de categoría mundial. Que implican:
precio, calidad, garantía y casi siempre tecnología de punta.
El proceso de reconversión de la industria nacional que no fue exitoso,
estaría nuevamente invitado a la fiesta. Esto se intentó cuando el país se
avocaba a la firma de los acuerdos de libre comercio, aun sin el país estar
preparados y se sabía. Y luego la traición, con la adopción de un modelo
de economía de servicios que enterró por dos décadas las aspiraciones
productivas de la nación.
A esto le sumamos, los procesos de privatización y capitalización, que
eliminaron mucho más el control sobre nuestros recursos estratégicos
como nación. Por esta experiencia es necesaria la voz de alerta, para
asegurar la calidad y la transparencia de las APP que se venden como
panacea del resurgimiento de la economía nacional. Que no vaya a ser
más de lo mismo con otro nombre.
Estos 20 años de gestión pública definitivamente dejaron una marca
indeleble para el descalabro de los sueños de la industria nacional.
Ahora sin embargo, con la visión de país que tiene el nuevo gobierno se
pretende retomar el proceso de industrialización y sobre todo como un
mecanismo para la creación de empleos luego de la crisis sanitaria,
económica y previsiblemente política y social que podría afectar
seriamente la gobernabilidad del país.
De todas formas estas iniciativas son plausibles. El país debe despegar de
alguna forma. Y la creación de empleos es impostergable para garantizar
la paz social y el crecimiento económico.
Sin empleo no hay salario, sin salario no hay consumo, sin consumo no hay
crecimiento económico.
Esta misma ecuación que vemos desde el punto de vista del consumo,
tiene como contra partida medidas que en el contexto actual lucen ser
contra producentes.
Y por eso la pregunta planteada: ¿Existe el pueblo para el gobierno o el
gobierno para el pueblo?
Ahí está la lucha perenne de la calidad del gasto público y la única variable
semi controlable del gobierno histórico, la nomina pública como forma de
inducir al consumo y el mismo incremento de precios que vemos se
verifica diariamente, por una ecuación muy sencilla.
Aunque como una burbuja solo funciona hasta un punto. Punto a partir
del cual dicha burbuja no existiría más: explotaría.
En la medida en que suben los precios, sobre todo de bienes inelásticos,
como se mantiene la necesidad de consumo, la gente los compra. Y con el
incremento de precios, al ser bienes que pagan un impuesto tipo IVA esto
reporta ingresos al fisco.
Parecería que no solamente los comerciantes mantienen o amplían sus
márgenes unitarios, sino que también el fisco se alimenta de esa inflación.
Esto en un plano local.
Pero en el contexto internacional, donde no se tiene control de las
decisiones del consumidor y mucho menos de la respuesta en el mercado
internacional, encarecer el costo de la vida podría tener implicaciones
donde peligra la paz social. Se podría caer en una híper inflación y una
devaluación agresiva de la moneda. Las remesas no darían abasto y la
pobreza junto a la criminalidad evidentemente se diseminarían.
El riesgo es alto y hay que responder seriamente la pregunta: ¿Cuál es
nuestra razón de ser? ¿Para quién gobernamos?
Vale la pena re-plantear la ley de estrategia nacional de desarrollo, los
objetivos de desarrollo sostenible, los ejes estratégicos y ser mas
empáticos con el interés nacional por encima de las pretensiones
globalistas y supra nacionales.
Implementar una reforma fiscal y eliminar los subsidios a la tarifa
eléctrica, podría traer como consecuencia una nueva inflación que ya no
sería resistible por las grandes mayorías y no alcanzarían las ayudas
sociales, ni las remesas, a no ser que los carriles del blindaje, la corrupción
cambien de color y sean tan amplios que se pueda cubrir casi todo.
Estamos como vemos en una trampa. Y al parecer la única salida
honorable y elegante que se tiene es recuperar los dineros mal habidos
por funcionarios que utilizaron las estrategias del cuello blanco en las
últimas décadas.
Pero lo cierto es que el país no aguanta más impuestos ni que se le
deteriore más su calidad de vida.
