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La trampa, deteriorar la calidad de vida

Por: Julián Padilla

Desde hace un par de décadas la República Dominicana vino

experimentando un crecimiento económico “inusitado” al compararse con

la región y muchos países de Latinoamérica. Cifras que casi siempre se

mostraban por encima de un 5% o más en relación al producto bruto

interno.

La crítica fundamental que en oposición se hacía, era que se trataba de un

crecimiento que se apoyaba en un progresivo endeudamiento interno y

externo, así como la manipulación de las políticas monetarias para

mantener una estabilidad en algunas variables macro económicas y hacer

sostenible el modelo de crecimiento.

Sin embargo, con los carriles del crimen organizado, el narco y otros temas

de lavado, ahora no se sabe cuánto dinero sucio apoyo este crecimiento,

el surgimiento de los pulpos y demás especies marinas lo dirán, hasta que

se concluya con la operación océano. Tampoco se sabe si el crimen

organizado que se dice operó por años en su propio submundo luego de

las 2 am, ahora podría estar a sus anchas aprovechando el toque de

queda, con más tiempo para operar libremente. Y de repente ser parte de

la “solución”, “quedando todo lo demás como circo y pantalla”.

Así mismo algo que caracterizó este proceso, fue que el crecimiento

sostenido no era percibido por las grandes mayorías, se verificaban cifras

macro, pero la gente no disfrutaba de ese bienestar quedándose en un

pequeño círculo el beneficio del mismo. Aunque la respuesta del micro

tráfico no se hizo esperar y en estos 20 años floreció junto al blindaje

morado de nuestra economía.

Por otro lado, el país se hizo compromisario de la agenda 2030 auspiciada

por la ONU y abrazó los objetivos del milenio, los ODS, y elaboro cinco ejes

estratégicos que los incluyó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde

se incluían aspectos para eliminar la pobreza, hambre cero, trabajo digno,

inclusión social y varios pactos que como contra partida implicarían hacer

menos onerosa la carga estatal al eliminarse subsidios y gastos tributarios.

Además de pactos entreguistas y destructivos del núcleo familiar.

Esta ley de estrategia nacional de desarrollo se promulgó con la

participación congresual de los principales partidos políticos mayoritarios

del momento con representación en las cámaras y aunque los colores

cambiaron en cuanto al poder relativo en las mismas, no dejaron de tener

presencia los mismos partidos políticos que gravitan con peso en el

sistema.

Esta ley se promulgó en un escenario de crecimiento económico

sostenido. Y se podría decir que “se tenía de donde poder atacar los

problemas planteados y lograr o avanzar en los mismos de esa agenda

2030”.

Recientemente con el ataque mundial que ha representado la pandemia

del covid19, regiones completas han retrocedido una década en su

crecimiento económico y hace sus economías más vulnerables y menos

proclives al cumplimiento de estas metas.

De hecho, los objetivos del milenio deberían replantearse y la agenda

2030 moverse y volver a denominarse como Agenda 2050, sería lo menos

implosivo.

Seria improbable alcanzar estos objetivos de desarrollo y que sean

sostenibles en el tiempo, cuando la economía mundial se ha resentido, y

cuando aun no se ve una luz brillante al final del túnel para la solución

definitiva de la pandemia del coronavirus. Por el contrario se ven grandes

nubarrones que espantan la opinión internacional acompañados de un

gran tsunami que azota con mortandad la India el segundo país más

poblado del planeta y con una presencia mutante que ya extiende a otras

latitudes de la tierra.

Las economías se han resentido, todos los países han tenido que salir en

auxilio de sus habitantes, adoptando por necesidad el confinamiento, el

aislamiento, la cuarentena (excepto la tozudez de la samba) y por eso

comanda la tropa de la mortandad por el covid en el hemisferio y en el

mundo.

Estas ayudas requirieron de aumentar el endeudamiento

significativamente, y con una economía en recesión, que comienza a dar

muestras de recuperación, pero que según los mismos organismos

internacionales implicaron un retroceso de una década.

Dependiendo de los recursos naturales de los países, esos

endeudamientos se hicieron más realizables y nuestro país no escapo a

estas posibilidades por su ubicación geográfica, sociedad con el dinero

sucio y puentil, por el oro y la potencialidad de petróleo de la isla. Tal vez

por esto alguien una vez dijo: “nuestra economía está blindada”.

Pero, sin activación real de la economía, con un turismo diezmado, con un

gran desempleo, con una carestía acelerada de los productos de primera

necesidad, con la suspensión de programas de ayuda por la pandemia, y

con una serie de iniciativas lógicas y bien intencionadas que persiguen

restaurar la actividad económica y re lanzar nuestra economía a los niveles

deseados de crecimiento. El peligro de una conmoción social esta latente.

En este escenario con metas positivas pero con realidades crudas, se

pretenden realizar una reforma fiscal e implementar el pacto eléctrico, a

la vez que se pretende impulsar un proceso de industrialización con

vocación exportadora para encender la mecha del crecimiento económico

de la nación.

Por otro lado como un canto de sirena se realizan las persecuciones

judiciales contra “los que cometieron actos de corrupción” y se

aprovecharon del creciente endeudamiento mediante el tráfico de

influencias, el cohecho y el enriquecimiento basado en sobrevaluaciones.

Esto para calmar las ansias de un pueblo que voto por un cambio y que ve

cada día más empeorar su calidad de vida.

En este punto cabe preguntarse, “si continuamos con las viejas prácticas

de apretar la tuerca, si el pueblo existe para el gobierno o si el gobierno

existe para el pueblo”. “Si la meta debe ser exprimir hasta donde se pueda

al pueblo o si debe ser devolver al pueblo un respiro y un aire de

bienestar”.

La idea de industrialización evidentemente es plausible. Pero requiere la

valentía para probablemente violar acuerdos de libre comercio o salirse de

ellos. Pues no siendo pioneros es casi seguro que el modelo volvería a ser

la sustitución de importaciones por una fabricación o ensamblaje local. Y

para ello se volvería a la protección efectiva que casi siempre viene o con

subvenciones, o con exoneraciones o con la colocación de impuestos a los

productos importados que se desean fabricar localmente.

Este tipo de medidas coloca en una posición de dominio a los

emprendedores que resulten favorecidos y continúa la fiesta ampliando la

brecha de pobreza. Pero volverá el slogan: “consume lo que tu país

produce” y con ello la baja calidad de bienes y servicios y la violación de

tratados internacionales.

Esto con el agravante, de que lograr ser competitivos implicaría poder

lograr productos de marca mundial. Lo que invitaría a la ubicación de

plantas localmente de marcas reconocidas y no del modelo romántico de

la sustitución de importaciones.

La lucha por el dólar continuaría. Pues el componente importado de lo

que se fabricaría localmente seria alto y toma algo de tiempo lograr

volúmenes mayores y plausibles de las exportaciones para equilibrar la

balanza comercial.

Esto no significa que la inversión local no tenga sus atractivos. Pero con los

esquemas de libre comercio se necesitará cumplir con los estándares que

normalmente exigen los productos de categoría mundial. Que implican:

precio, calidad, garantía y casi siempre tecnología de punta.

El proceso de reconversión de la industria nacional que no fue exitoso,

estaría nuevamente invitado a la fiesta. Esto se intentó cuando el país se

avocaba a la firma de los acuerdos de libre comercio, aun sin el país estar

preparados y se sabía. Y luego la traición, con la adopción de un modelo

de economía de servicios que enterró por dos décadas las aspiraciones

productivas de la nación.

A esto le sumamos, los procesos de privatización y capitalización, que

eliminaron mucho más el control sobre nuestros recursos estratégicos

como nación. Por esta experiencia es necesaria la voz de alerta, para

asegurar la calidad y la transparencia de las APP que se venden como

panacea del resurgimiento de la economía nacional. Que no vaya a ser

más de lo mismo con otro nombre.

Estos 20 años de gestión pública definitivamente dejaron una marca

indeleble para el descalabro de los sueños de la industria nacional.

Ahora sin embargo, con la visión de país que tiene el nuevo gobierno se

pretende retomar el proceso de industrialización y sobre todo como un

mecanismo para la creación de empleos luego de la crisis sanitaria,

económica y previsiblemente política y social que podría afectar

seriamente la gobernabilidad del país.

De todas formas estas iniciativas son plausibles. El país debe despegar de

alguna forma. Y la creación de empleos es impostergable para garantizar

la paz social y el crecimiento económico.

Sin empleo no hay salario, sin salario no hay consumo, sin consumo no hay

crecimiento económico.

Esta misma ecuación que vemos desde el punto de vista del consumo,

tiene como contra partida medidas que en el contexto actual lucen ser

contra producentes.

Y por eso la pregunta planteada: ¿Existe el pueblo para el gobierno o el

gobierno para el pueblo?

Ahí está la lucha perenne de la calidad del gasto público y la única variable

semi controlable del gobierno histórico, la nomina pública como forma de

inducir al consumo y el mismo incremento de precios que vemos se

verifica diariamente, por una ecuación muy sencilla.

Aunque como una burbuja solo funciona hasta un punto. Punto a partir

del cual dicha burbuja no existiría más: explotaría.

En la medida en que suben los precios, sobre todo de bienes inelásticos,

como se mantiene la necesidad de consumo, la gente los compra. Y con el

incremento de precios, al ser bienes que pagan un impuesto tipo IVA esto

reporta ingresos al fisco.

Parecería que no solamente los comerciantes mantienen o amplían sus

márgenes unitarios, sino que también el fisco se alimenta de esa inflación.

Esto en un plano local.

Pero en el contexto internacional, donde no se tiene control de las

decisiones del consumidor y mucho menos de la respuesta en el mercado

internacional, encarecer el costo de la vida podría tener implicaciones

donde peligra la paz social. Se podría caer en una híper inflación y una

devaluación agresiva de la moneda. Las remesas no darían abasto y la

pobreza junto a la criminalidad evidentemente se diseminarían.

El riesgo es alto y hay que responder seriamente la pregunta: ¿Cuál es

nuestra razón de ser? ¿Para quién gobernamos?

Vale la pena re-plantear la ley de estrategia nacional de desarrollo, los

objetivos de desarrollo sostenible, los ejes estratégicos y ser mas

empáticos con el interés nacional por encima de las pretensiones

globalistas y supra nacionales.

Implementar una reforma fiscal y eliminar los subsidios a la tarifa

eléctrica, podría traer como consecuencia una nueva inflación que ya no

sería resistible por las grandes mayorías y no alcanzarían las ayudas

sociales, ni las remesas, a no ser que los carriles del blindaje, la corrupción

cambien de color y sean tan amplios que se pueda cubrir casi todo.

Estamos como vemos en una trampa. Y al parecer la única salida

honorable y elegante que se tiene es recuperar los dineros mal habidos

por funcionarios que utilizaron las estrategias del cuello blanco en las

últimas décadas.

Pero lo cierto es que el país no aguanta más impuestos ni que se le

deteriore más su calidad de vida.

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