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RESUMEN
Por: Gregory Cabral
Santo Domingo.– En las calles de la capital y de muchas ciudades del país, una escena se repite con frecuencia: un vehículo es retenido por agentes de tránsito y minutos después aparece una grúa para remolcarlo. Lo que debería ser un procedimiento administrativo claro para garantizar el orden vial, muchas veces termina generando frustración, sospechas y preguntas sin respuestas entre los ciudadanos.
En el centro de esa dinámica aparecen tres actores clave: la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y las empresas que operan los servicios de grúas. Sobre el papel, cada uno tiene funciones específicas dentro del sistema de movilidad regulado por la Ley 63-17. Pero en la práctica, muchos conductores perciben que entre estas tres piezas se ha creado un engranaje poco transparente.
La DIGESETT es responsable de fiscalizar las infracciones y garantizar el orden en las vías públicas, mientras que el INTRANT diseña y regula las políticas de movilidad y transporte terrestre. Ambas instituciones realizan operativos para retirar vehículos mal estacionados, unidades abandonadas o automóviles que violan las normas de tránsito.
Sin embargo, cuando intervienen las grúas —muchas de ellas operadas por empresas privadas— comienza una zona gris que alimenta la desconfianza. Conductores denuncian tarifas elevadas, procesos poco claros para recuperar sus vehículos y la sensación de que el sistema puede convertirse más en un mecanismo de recaudación que en una política de ordenamiento vial.
El problema no es solo administrativo. También es institucional. En un país donde la credibilidad de las instituciones públicas enfrenta constantes cuestionamientos, la falta de información clara sobre quién autoriza las grúas, cómo se adjudican los contratos y cómo se fijan los costos del servicio abre la puerta a suspicacias.
Más allá de las percepciones, lo cierto es que el tránsito dominicano enfrenta desafíos enormes. Las autoridades han intensificado operativos para controlar infracciones, retirar vehículos abandonados y reducir accidentes en las vías.
Pero la eficacia de cualquier política pública depende también de la confianza ciudadana. Y cuando esa confianza se erosiona, incluso las medidas correctas pueden ser vistas con sospecha.
Por eso, el debate sobre las grúas no es un tema menor. Es una oportunidad para que el Estado aclare reglas, publique contratos, establezca tarifas transparentes y garantice procesos justos para los ciudadanos.
En un sistema democrático, el orden en las calles no puede sostenerse únicamente con multas y remolques. También debe sostenerse con instituciones claras, procesos transparentes y autoridades que rindan cuentas. Porque cuando la regulación del tránsito se percibe como un negocio opaco, lo que se pierde no es solo un vehículo remolcado: se pierde la confianza en el sistema.
