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RESUMEN
Santo Domingo.– El exministro de Educación Roberto Fulcar defendió su gestión al frente del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), al asegurar que su administración estuvo condicionada por los desafíos provocados por la pandemia del Covid-19 y por irregularidades provenientes de gestiones anteriores que, según afirmó, fueron enfrentadas y solucionadas durante su mandato.
Fulcar explicó que asumió la conducción del sistema educativo nacional en uno de los períodos más complejos de los últimos años, cuando la emergencia sanitaria obligó a transformar la dinámica de enseñanza y adoptar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la educación.
El exfuncionario sostuvo, además, que al llegar al Minerd encontró situaciones administrativas pendientes y distintas irregularidades correspondientes a períodos anteriores, las cuales aseguró que fueron atendidas progresivamente por su equipo.
Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos derivados de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, en la que el órgano fiscalizador señaló diversas irregularidades y debilidades administrativas relacionadas con el período examinado.
Entre los aspectos señalados figuran falta de pagos, contratos sin documentación suficiente, obras incompletas, inconsistencias tributarias y contables, deficiencias en procesos de contrataciones públicas y situaciones relacionadas con pólizas, entre otros hallazgos.
Fulcar, sin embargo, reivindica las acciones desarrolladas durante su administración y sostiene que parte de las situaciones encontradas correspondían a compromisos y procedimientos heredados de gestiones anteriores.
El exministro encabezó el Minerd desde agosto de 2020 hasta agosto de 2022, período marcado principalmente por el impacto de la pandemia y la implementación de modalidades educativas a distancia y posteriormente el retorno gradual a las aulas.
Los señalamientos contenidos en una auditoría constituyen hallazgos del órgano fiscalizador y no implican, por sí mismos, una determinación de responsabilidad penal, la cual correspondería establecer a las autoridades competentes mediante los procedimientos legales correspondientes.
