Esta sociedad no ha sido justa ni consecuente, todavía, con los ciudadanos que nacieron o adquirieron distintas discapacidades.
No ha logrado sus frutos, por el momento, la ardua y perseverante lucha que libran padres, familiares, ciudadanos de buen corazón y entidades sociales, para que el Estado proteja a los que padecen discapacidades.
No obstante, este desamparo, poco a poco ha ido calando la necesidad de promover la inclusión de estas personas en actividades productivas.
Y no porque se trate de un capricho, sino porque es la propia Constitución la que consagra sus derechos, sin ningún tipo de discrimen por su condición especial.
Existe una ley que establece la obligatoriedad de abrir cuotas de puestos para personas con discapacidades, pero esta se acata muy parcialmente o no se cumple.
Ahora se discute en el Congreso un proyecto de ley especial para los autistas, un síndrome que se manifiesta en grados distintos, con la finalidad de atender aspectos medulares en su abordaje integral.
Se procura que se fije una política de diagnóstico, tratamiento, cobertura de salud, educación, empleo y recreación para los autistas, ya que son muy gravosas las cargas que asumen sus familias para asegurarles una mejor calidad de vida.
Ya llegó el momento de que la sociedad, con mucho cariño y noble solidaridad, honre este compromiso aprobando una ley integral para los autistas, por tanto, tiempo marginados o excluidos de las oportunidades que se merecen.
