Santo Domingo. – Además de cargos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, a través de la Operación Calamar, al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, se le estaría vinculando al recibimiento de dinero ilegal por parte del empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como Mimilo Jiménez, para financiar su campaña presidencial en las elecciones del 2020.
Conforme a una fuente, no se tiene claro la cantidad de dinero aportado por Mimilo Jiménez al entonces candidato presidencial del PLD.
El aporte injustificado de dinero viola la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y podría enfrentar prisión de seis a un año de cárcel y multa de hasta 200 salarios mínimos.
El inciso 4 del Artículo 76 de la referida ley, establece que: “En el caso de recibir financiamiento ilegal, los candidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables serán condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes”.
Mientras que el inciso 7 se refiere a la “Multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos vigentes en el sector público; prisión de seis meses a un año e inhabilitación para ser candidato a posiciones de elección popular en los dos períodos electorales siguientes a la condena de lo irrevocablemente juzgado a todo funcionario o empleado del Estado que incurra en violación al párrafo del artículo 25 de esta ley”.
Jiménez Collie también está vinculado junto al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, así como otras personas en el entramado de las cesiones de créditos donde se realizaban maniobras en diferentes instituciones, según investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Entre las entidades involucradas están: Consejo estatal de la Azúcar (CEA), Bienes Nacionales, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), entre otras bajo la sombrilla y subordinación de Donald Guerrero.
En abril de este año, se publicó una noticia sobre el silencio que la Procuraduría General guardaba tras la filtración de un supuesto acuerdo entre el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para devolver al Estado dominicano una alta suma de dinero producto de presuntos hechos ilícitos.
