Santo Domingo.- Luego de terminar sus argumetos de cierre, el Ministerio Público solicitó a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenar a 10 años de prisión a dos de los implicados en el caso Odebrecht, tres a cinco años y uno a siete.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) pidieron al tribunal, presidido por Gisell Méndez, condenar al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), Víctor Díaz Rúa, a 10 años de prisión más el pago de 200 salarios mínimos.
Wilson Camacho solicitó al tribunal, que integran además Tania Yunes y Yisell Naranjo, condenar a siete años de prisión a Conrado Pittaluga.
En cuanto al ex senador Tommy Gálan, al expresidente del Senado Andrés Bautista y a Roberto Rodríguez, también exdirector del INAPA, que sean sentenciados a cinco años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos cada uno.
Fiscal Mirna Ortiz
Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la PEPCA, solicitó también al tribunal que declare el decomiso a favor el Estado de cientos de bienes millonarios de los seis imputados, ente ellos apartamentos en torres, solares y villas en distintos puntos del país.
Además, cuentas bancarias en dólares y pesos, certificados de inversión, bonos y otros tipos de productos financieros y que se revoque la medida de coerción.
Al concluir con el cierre del discurso final, Ortiz, expresó que llegó la hora de demostrar que los delitos de cuello blanco obtienen sanción en el país y que las cárceles no son solo para los desposeídos.
“El Ministerio Público ha cumplido la promesa que hizo cuando inició el conocimiento del proceso, de que demostraría, más allá de la duda razonable, que los implicados en el proceso iban a obtener la sanción por los hechos cometidos”, acotó.
Consideró que muchos pensaron que el Ministerio Público no llegaría a este momento y que incluso lo criticaron, sin embargo están en el tribunal con la misma fuerza del primer día y la convicción de una condena, al señalar que han demostrado que la acusación se sustenta en pruebas veraces, legales y que inequívocamente conducirán a una condena.
