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Corrupción y Equipo de Confianza: La Punta del Iceberg


Por: Félix Julián Padilla

Cuando suceden los escándalos por motivos de corrupción solamente vemos la punta del Iceberg. Un Iceberg es una montaña gigante de hielo que sobre sale la superficie del agua en las regiones muy frías donde el agua prácticamente se congela. Sin embargo, la parte que es visible, es la que sobresale la superficie del océano, siendo esta parte la más pequeña de esa montaña. Debajo del agua queda casi siempre más del 70 por ciento de su tamaño y no podemos verla a no ser que sumerjamos debajo del agua.

Por eso normalmente se dice cuando estamos conociendo un problema, que lo que se ve a primera vista es la punta del Iceberg, lo que se ve a simple vista, pero que el problema es o puede ser tan grande como la montaña que queda debajo del agua como lo es en el caso de los Iceberg.

Tomando el caso de la corrupción administrativa y los escándalos cuando estos suceden, decimos que muy probablemente esto que podemos ver en los escándalos, es la parte que se deja ver a la opinión publica, la parte que sobre sale de la superficie del agua, pero que la mayor parte estaría por debajo de ella y sería mucho más grande, tal y como ocurre con estas montañas de hielo en el polo norte.

La Gestión de las Entidades Públicas sobre todo en lo relacionado al presupuesto, su ejecución y los procesos de compras y contrataciones que le acompañan, llaman mucho la atención. El tema de las sobre valuaciones, compras con asignaciones grado a grado, licitaciones ficticas y todos estos temas ya conocidos quedan bajo la lupa con esto que denominamos la punta de Iceberg. Dentro del modelo de proceso de corrupción administrativa basados en las compras y contrataciones.

La existencia de los equipos de confianza alrededor de los ministros o directores en las distintas instituciones públicas, sugieren la necesidad de explicaciones para todo el tema del enriquecimiento ilícito y de corrupción administrativa en el manejo de los fondos públicos. Los sistemas y procesos están ahí. Los controles internos también. La diferencia no la hace la tecnología ni los procesos. La diferencia siempre la pondrá el elemento humano quien es quien se adhiere o no a las normas, políticas y procedimientos relacionados a compras y contrataciones.

Se dice que un procedimiento o una regla no vale ni el papel en el que está escrito si el personal que deben respetarle le niega su apoyo. De ahí que tiene sentido aquel famoso comentario político de que la constitución es un pedazo de papel. Lo malo de todo esto es que vivimos en un ambiente donde la practica común es la selectividad en la aplicación de las leyes, por lo que siempre queda abierta la imposibilidad del yo no vi, y por ende de que no existan pruebas fehacientes para documentar denuncias y querellas en materia de corrupción y sobornos.

Las entidades de supervisión y control pueden hacer su rol con o sin calidad con una frecuencia apropiada o muy esporádicamente. Pero al fin y al cabo podrían verse envuelta en los señalamientos por el factor político y la falta de independencia que los rodea. Esto porque las designaciones son eminentemente políticas en la República Dominicana.

Y así como se cuestionan las demás entidades públicas, son cuestionadas las gestiones tanto de la Cámara de Cuentas como de la Contraloría General de la República. Esto sin importar sus discursos retóricos o reales. Dados los principios de Verticalidad que se impone en el Estado Dominicano desde donde emanan los poderes públicos. En el caso más reciente se pueden notar estos ejemplos de entre dichos a ambas instituciones. La cámara de cuentas que venía siendo señalada por la prensa nacional y los actores políticos y económicos del país, a raíz de su auto asignación de nuevos salarios y el pago de bonificaciones auto aprobados sin contar con la aprobación y evaluación del desempeño de sus integrantes por parte del Senado de la República.

Esa cámara de cuentas, emite un informe de auditoría reportando irregularidades por encima de dos mil millones de pesos de compras que violan la ley de compras y contrataciones en una entidad del Estado. Y lo hace luego de que se habían producido denuncias graves que dieron al traste con la vida del denunciante y de haber participado el presidente de la república en la cumbre de las américas donde anunció el combate contra la corrupción que se lleva a cabo en el país y lo puso de ejemplo.

En adición a mencionar a parte del personal de confianza de la entidad auditada tales como el Director Financiero y allegados, quienes figuran como propietarios de empresas que supuestamente se beneficiaron de asignaciones de compras por la entidad. En adición, involucran a la unidad de auditoría asignada por la Contraloría General de la República.

Este informe de auditoría emitido explica el entramado que se denuncia para establecer compras por encima de dos mil millones de pesos sin cumplimiento de la ley de compras y contrataciones, explica los hallazgos de las supuestas malas prácticas destacadas y las somete al Ministerio Público y la da a conocer a la prensa nacional. Cuando hablamos de la Punta del Iceberg nos referimos a que seguramente en muchas otras entidades públicas se dan casos de corrupción tan graves como estos denunciados recientemente.

Donde necesariamente participa un conjunto de personas para poder concretizar las malas prácticas utilizando los sistemas de las entidades. En este sentido deseamos establecer un modelo hipotético, un mecanismo hipotético que en muchas entidades públicas pudieran estar usando para burlar los procedimientos y las prácticas adecuadas para realizar compras y contrataciones en cumplimiento de la ley y de los procedimientos y controles internos. Vale la pena señalar que no nos estamos refiriendo al caso en particular denunciado ni acaso particular alguno.

Sino que al disponer de un enfoque sistémico y situacional entendemos este modelo de entramado es posible y de repente podría verificarse como hipótesis en cualquier intervención de auditoria. En primer lugar, vale la pena destacar quienes forman parte en cualquier entidad estatal del equipo de confianza que acompaña a la alta dirección de la misma. Hablamos del Director Administrativo, Director Financiero, Encargado de Compras y Contrataciones, Encargado de Suministros, Encargado de Informática y Encargado de Transparencia.

En adición a estos funcionarios, está la unidad de auditoría interna como mecanismo de control interno previo a cada transacción que se lleva a cabo en la entidad del estado. La cámara de cuentas realiza auditorías externas. Y normalmente en su enfoque no revisa el 100% de las transacciones. A no ser que se trate de las que se realizan de forma re activa producto de denuncias públicas, como ocurre en cada caso de escándalo.

Los criterios de auditoría externa normalmente se fundamentan en la razonabilidad y materialidad. Es decir, que, partiendo de una muestra representativa y material de las operaciones, las investigaciones se llevan a cabo y la profundidad o alcance de las auditorías, se establecen en función del cumplimiento que puede verificarse en las pruebas de control interno que se deben hacer en la fase de ínterin o inicial. La realización de una auditoria es muy distinta a la función que desempeña un contralor. La contraloría general de la república, aunque tiene equipos de auditoría especial y se llaman auditores los que integran las UAI que son las unidades de auditoría interna, realizan realmente labores de control previo. Labores propias del contralor. O Controlador como se les llama en otras latitudes.

Es decir, que mientras la auditoría externa y la propia auditoría interna típica, las auditorias se realizan posterior a la realización de las transacciones. Es decir, que se revisan las transacciones ya realizadas. Se revisan los procesos, se revisan las documentaciones y las autorizaciones. Se revisan los informes que se producen del registro de las transacciones.

En una auditoria se realizan normalmente a procesos y aéreas relacionadas con la información financiera. La auditoría interna hace mucho más énfasis en el cumplimiento de los controles internos y el cumplimiento de los planes, objetivos, estrategias del negocio. Pero siempre revisando lo que debe ser y lo que se puede verificar en el proceso de auditoría. Es decir, se verifica lo ocurrido. Es una función mas detective y correctiva, aunque partiendo de los hallazgos y la experiencia se pueden realizar recomendaciones para prevenir errores e irregularidades a futuro.

En el caso de la función de contraloría, se van revisando las documentaciones que soportan las transacciones que se van a realizar. Sirven de visto bueno para garantizar a la dirección de la entidad, que se trata de una transacción correctamente documentada y en cumplimiento con las normativas, leyes, políticas, presupuesto.

Esta revisión le da confianza a la dirección de la empresa para proceder aprobar las transacciones, firmar los contratos, aprobar órdenes de compra, firmar cheques, autorizar pagos. Cada una de estas transacciones son documentadas, organizadas en un expediente, que luego es revisado y luego de esta primera revisión, viene la función de contraloría quien le da el visto bueno al proceso. Es decir, que la función de contraloría en sentido práctico, es parte del sistema, es parte de la ejecución presupuestaria. Interviene en el proceso transaccional. Puede sin lugar a dudas revisar como control previo las transacciones. Y debería manteniendo un criterio profesional independiente, no aprobar aquellas transacciones que entienda no cumplen con los aspectos normativos, legales, de control interno, presupuestarios.

¿Pero que se respeta más en la práctica? ¿La cultura de verticalidad o el criterio profesional? Aquí vuelve a primar el elemento humano como clave de la calidad del servicio, la ética y la transparencia. Sin embargo, resulta muy cuesta arriba, para un contralor, contradecir la decisión tomada por la alta dirección de una entidad, y normalmente no desaprueba las decisiones que se toman al más alto nivel.

De hecho, se comenta que existen casos en el tiempo, donde la alta dirección de alguna entidad ha sabido solicitar se cambie el equipo de auditorio asignado, alegando distintas razones. Pero en el fondo podría existir una de peso ético no conveniente. Un elemento que tiene una incidencia clara en estos temas de corrupción administrativa tiene que ver con el ambiente de control.

La gente que se prepara para ir a dirigir una entidad pública, que sabe que ocupara cargos de alto nivel, por cultura política, clientelar, y social, se prepara para lograr hacerse rico en dicha posición. Este paradigma de enriquecimiento ilícito viene por default en cada proceso de transición de mando. La gente asumió compromisos en la campaña electoral.

Los ganadores tuvieron que realizar inversiones en política. Tomar préstamos, empeñar sus casas. Y lamentablemente este sistema clientelar hace que cada candidato ganador, haya invertido mínimo 20 millones de pesos, que nunca se sabe cómo los consiguió, ya se trate de una curul en la cámara de diputados. Y mucho más dinero si se trata de una sindicatura o una senaduría. ¿Qué decir si se tratara de una candidatura presidencial?

Lo triste es que esto culturalmente es aceptado y aplaudido. Esos son nuestros líderes y potenciales funcionarios. Es por esta razón, que la cultura política del país ha tolerado la creencia, de que todo el que llega al poder se enriquece y enriquece a sus amigos y familiares. Y que la gran mayoría trata de recuperar lo invertido y triplicarlo o cuadruplicarlo en el periodo que le toca gobernar. Es entonces esta cultura de corrupción previa un paradigma fuerte y fundamental que hace que todos se hagan ricos, todos se confabulen para lo mismo. Utilicen los mecanismos que sean necesarios para ello.

Este personal de confianza entonces entra en acción con los nombramientos recibidos. Y son personas entrenadas previamente por quien los elige para los fines institucionales y personales del incumbente. Es un tema tabu. O es nuestra realidad. Coloque usted el titular. Por otro lado, se tiene la certeza de que las entidades públicas no son auditadas anualmente por la cámara de cuentas. Y no todas tienen unidades de auditoría interna de la contraloría.

Frecuentemente cuando la información llega a los medios de comunicación, o algunas hipótesis que permiten a los periodistas de investigación, precisamente indagar, confirmar, documentar y presentar a la opinión pública los hallazgos. Y los escándalos de corrupción. Algunos de ellos milagrosamente documentados.

Pero expuestos a la prensa. Estas denuncias, muchas veces activan entonces a la cámara de cuentas para realizar sus investigaciones y confirmar o rechazar estas hipótesis. Luego el informe de auditoría de la cámara de cuentas sirve como pruebas que pueden presentarse en un tribunal. O en caso contrario, que el tribunal designe un peritaje para una auditoria forense.

Hablar de razonabilidad, hablar de materialidad, no es lo mismo que realizar una auditoría al 100% de las transacciones. Realizar una auditoría 100% a cada entidad pública resulta realmente impracticable en estos momentos. A no ser que se sumen en un porcentaje importante un numero adicional de auditores y capacitarlos a todos en auditoria forense. Y que tengan la total independencia de la Verticalidad Estatal.

Un requisito que normalmente se tiene para una auditoría externa, es la evaluación previa de los controles internos para tener una base de confianza en el sistema que usa la entidad. Y en base a esta confianza determinar el alcance y naturaleza de las pruebas de auditoría que realizaró y la profundidad y materialidad que dará a la investigación.

El control interno efectivo implica el cumplimiento de los protocolos establecidos por la administración para la realización de sus actividades y operaciones, asegurando que las mismas se corresponden a la entidad, están presupuestadas, se realizaron respetando normativas y leyes y fueron autorizadas por personal competente. Para la ejecución de este control interno, en los mismos protocolos o procedimientos se establecen puntos de control, donde personas distintas intervienen en el proceso de preparación, revisión y autorización de las documentaciones que soportan las transacciones. Esta segregación de funciones es lo que permite que exista la mayor independencia posible, si cada quien cumple su rol y se adhiere a las normativas. Pudiendo en cada caso, la persona que desempeña su rol, detener, retrasar o adelantar el proceso que continuará hasta su terminación sin en los puntos de control no se encuentran errores o irregularidades.

La existencia de manuales de politicas y procedimientos son una herramienta basica que debe acompañar estos procesos de trabajo aunque la experiencia muchas veces o casi siempre le sustituye. Sin embargo contar con la referencia es util asi como las normativas vigentes en la materia que se trate. La palabra clave que cada persona en su rol debe recordar es NO. Es decir, tener la seguridad de que dirá que NO continúa el proceso cuando la documentación o información recibida no cumple con las características establecidas en el protocolo. Decir SI cuando estas características son satisfechas.

Manteniendo esta disciplina ética, entonces cada transacción tendrá su propio aseguramiento de calidad y difícilmente se puedan establecer actividades dolosas en estos procesos y sistemas. En los mismos procedimientos quedan establecidos en los puntos de control, oportunidades para detectar, corregir y prevenir errores o irregularidades.

Cuando estos procesos se basan en las mejores prácticas normalmente los mismos fluyen sin menores distorsiones. El único elemento no controlable es el más importante. El elemento humano. Pues es el elemento humano el que realiza combinaciones para poder eludir los protocolos establecidos, y lograr realizar actividades que corrompen el sistema pero que le enriquecen.

Ese paradigma de enriquecerse, que como dijimos es cultural está latente. Por eso se dice que las personas muy honestas no caben en el sistema gubernamental. Nadie las quiere en las posiciones de control. Pues son un obstáculo para el enriquecimiento. A veces se da que estas mismas personas que hacían lo correcto, comienzan a ser permeadas con las ofertas y presiones que reciben. Y al poco tiempo se convierten en los mejores violadores de las normas y en encontrar mejores formas para establecer la corrupción administrativa y también beneficiarse de esto.

Se necesita ética y transparencia operativa. Se necesitan profesionales de verdad. Mas que un título académico o una maestría, el título que da la cuna bordeada de ejemplos éticos familiares. Por eso, la clave de esto la tiene cada persona que interactúa con el sistema. Los sistemas de gestión financiera normalmente son modulares.

Esto significa que en su centro está la parte de contabilidad que es la que recibe todas las transacciones que se realizan en los diferentes módulos. Es muy típico tener un módulo especializado para las compras, otro para vender, otro para dar de alta a un nuevo suplidor o un nuevo cliente, otro para elaborar estadísticas y reportes financieros, otro modulo para manejo de inventario, otro para elaborar las órdenes de compras, otro para recursos humanos o presupuestos. Cada módulo rodea al corazón del sistema y le alimenta.

La nómina que podría realizarse en el módulo de recursos humanos, alimenta a la contabilidad con todas las cuentas que controla esta actividad. Descuentos de seguridad social, salario bruto, impuestos retenidos, etc. Las compras se realizarían en el módulo de compras y se alimenta a su vez del módulo de suplidores que es donde se establecen las condiciones comerciales que se tienen con el mismo.

Este módulo alimenta el corazón del sistema que es la contabilidad y cada orden de compra autorizada actualiza la contabilidad reconociendo el pasivo de la entidad con los suplidores a quienes se le emitieron las órdenes de compra luego que se recibe y registra la factura. La parte del proceso que queda fuera normalmente del sistema es el proceso de análisis, evaluación, selección de suplidores, recepción de cotizaciones, y realización de licitaciones.

También normalmente queda fuera del sistema la decisión de a quien comprar, y las tomadas por el comité de compras si este existe. Se habla de que, aunque las órdenes de compra podrían ser emitidas directamente por el sistema, siempre existe la posibilidad de elaborarlas manualmente. Dejando esto la posibilidad de no ser registradas en el momento de su impresión, sino que deban ser digitadas posteriormente.

Con todas las implicaciones sistémicas y debilidades de control interno que esto pudiera sugerir. Existe una ley de compras y contrataciones vigente en el país. Se han establecido en las entidades públicas comités de compra y comités de ética.

Así como un sistema de gestión de información financiera que es modular. Se entiende que los procesos de compras y contrataciones deben respetar la ley de compras y con la decisión de transparentar, se deben publicar las transacciones en el portal de cada entidad. Pero todo esto no ha sido suficiente. Se habla de empresas de carpeta o empresas fantasmas que funcionarios de entidades públicas han creado.

Empresas que cumplen con los requisitos para su constitución y operatividad. Empresas que al ser propiedad de funcionarios de la entidad o de otras entre las cuales se pudieran estar realizando la actividades fraudulentas y mafiosas cruzadas, denuncia tipo que hace la cámara de cuentas, pues estarían concursando en las compras y contrataciones del sector público empresas cuyos propietarios son funcionarios de la entidad o familiares.

Dadas estas circunstancias, este personal de confianza de las entidades no solo pueden estar enriqueciendo a los directivos de las propias entidades, sino llevar el control y el balance, de cómo benefician a otros incumbentes y como esos incumbentes les benefician.

La práctica corrupta como vemos es posible dentro de una misma institución o ser una práctica interinstitucional. Esto haría más complejo el entramado de corrupción administrativa. De hecho, se ha denunciado en el país, que muchos nombramientos de familiares y allegados se dan de esta forma. Es decir, para no dejar evidencias de nepotismo, un funcionario nombra la gente de otro perteneciente a otra entidad.

¿Pero cuál sería un modelo hipotético para dejar todo registrado y cuadrado en el sistema y que al mismo tiempo haya enriquecimiento? Las empresas fantasmas o de carpeta juegan un papel fundamental, así como las órdenes de compra manuales. Esa empresa fantasma es propiedad de un funcionario o de un testaferro. Puede solo existir en papeles o tener una fachada física en algún local. Se dice que con la existencia de los llamados comités de compra el reparto da a menos, pues la gente no se va a ensuciar sin recibir algún beneficio. Por lo que los magnates deben desprenderse de parte de sus ingresos colaterales.

¿Quienes integran normalmente los comités de compra? Los comités de compra normalmente son integrados por los directores financieros y administrativos, la máxima autoridad de la entidad, el encargado de compras y contrataciones y un representante del comité de ética. Basado en el modelo hipotético de una adjudicación de una compra o de un contrato a una empresa pre seleccionada, la lógica sugiere, que el proceso que debe realizarse es inverso. Es decir, que se sabe de antemano cual es la empresa beneficiada, y el encargado de compras y contrataciones elabora los expedientes incluyendo el expediente del suplidor hipotético.

Completa todos los expedientes siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo con la normativa. Pero en el caso de aquel expediente que favorece al suplidor pre seleccionado, la resolución llega hecha al comité de compras y cuando se someten a discusión los demás expedientes, se toman las decisiones, guiándose normalmente por la verticalidad que emana de la posición superior que ordena y manda.

Al final de esta junta lo que queda son las firmas de las resoluciones del comité de compras y se procede de inmediato a elaborar las órdenes de compra y el envió a los suplidores. Para que se pueda tener de antemano un suplidor predilecto, se requiere de instrucciones normalmente no escritas de la Máxima Autoridad de la Entidad, al Director Financiero y Administrativo y de estos al Encargado de Compras y Contrataciones quien se encarga de todo el trabajo sucio de armar los expedientes.

Esto incluye el conseguir cotizaciones que justifiquen la selección del suplidor predilecto. Ese suplidor predilecto en los casos de las malas prácticas comentadas, es una compañía de carpeta, constituida para tales fines, y cuya propiedad accionaria es normalmente un funcionario del más alto nivel o un testaferro ya conocido por parte del equipo de confianza y la Alta Dirección de la entidad. ¿Como se realiza el pago al suplidor? Luego que se tienen las resoluciones del comité de compras firmadas se elaboran y envían las órdenes de compra al suplidor.

Este procede al envió de las mercaderías compradas, que podrían ser papelería, útiles de oficina, repuestos de impresoras, gomas de vehículos. Cualquier tipo de bienes y servicios que son necesarios por la entidad. En un porcentaje prudente llegan completos los pedidos colocados y se procede al registro en cada uno de los módulos del sistema.

Pero en el caso de la compra que utiliza la mala práctica, y con conocimiento del equipo de confianza, llega menor cantidad física de mercancías y sin embargo llegan la factura y el conduce del suplidor con los valores mayores y totales consignados en la orden de compra. Al no realizarse un inventario físico de lo que se recibe por parte de quienes llevan la responsabilidad de asegurar el control interno, entonces, se elabora la entrada al almacén por la misma cantidad contratada, aunque físicamente haya llegado solo un porcentaje de ello.

Inmediatamente se recibe la factura esta se envía a contabilidad con copia de toda la documentación de entrada almacén y se procede al registro de la cuenta por pagar a dicho suplidor. Ya en la etapa del pago de la factura dependerá de los acuerdos hechos y normalmente cuando se trata de este tipo de malas prácticas, se acelera el proceso de pago.

Y si la factura pudo haberse pagado en un mes, en estos casos se tramitan los pagos en una semana o quince días. Un dato curioso es que en algunas ocasiones en lugar de que la empresa suplidora visite la entidad para procurar su cheque, se le envíe el mismo a su dirección y en algunas ocasiones el mismo personal de compras y contrataciones se mueve para asegurarse de entregar el cheque a la persona correcta.

Esto en este punto también podría prestarse a manejos que no quedan registrados. Como podría inferirse, este tipo de práctica persigue no dejar huellas en todo el proceso tanto de las decisiones planificadas de compras como en las decisiones planificadas de pagos y con ello lograr el enriquecimiento ilícito de todos los involucrados.

Lo interesante es que todo esto queda cuadrado en papeles, salvo en las unidades físicas que no existen en el almacén de suministros o como bienes o servicios físicamente entregados y recibidos. Y queda cuadrado porque al sistema modular se ingresan las cantidades convenientes al almacén de suministros con la participación activa de la misma persona encargada de compras y contrataciones, ya que la persona encargada de suministros pudiera equivocarse o no estar totalmente de acuerdo con dichos registros.

Asegurar que todo entre cuadrado entre factura, orden de compra y entrada almacén, es lo que garantiza que el pago salga por el valor de la factura y que no existan problemas de verticalidad más adelante. ¡A ese punto, el fraude ya ha sido consumado! Si nos preguntamos cómo impacta este concepto de la verticalidad en estos procesos, la respuesta es contundente. Su impacto es concluyente y determinante.

¿Quién quiere chocar directamente con quien tiene el poder de dejarle sin trabajo o de entregar a cambio de las malas prácticas de un regalo conveniente? ¿Sobre todo en un país donde la cultura de usar los recursos del estado para provecho propio le da el sobre nombre de Don Usted a cualquier funcionario que ostenta poder y derroches con el erario? La verticalidad implica hacer lo que se ordena de arriba y no preguntar, no cuestionar. Punto.

Si arriba se tiene el propósito del enriquecimiento ilícito, el equipo de confianza y el resto del personal que le sirve se encarrilan a los mismos esfuerzos. Y ni siquiera la unidad de auditoría se atreve a chocar de frente contra un nuevo funcionario o contra la cabeza de la institución, y cuando comunica seguramente recibe una retroalimentación de no ver, no enterarse y de olvidar.

Por otro lado, queda la excusa que ayuda a este síndrome de avestruz aplicado a la gestión de las malas prácticas en el estado, la realidad de que no es posible ver todo lo que se hace al mismo tiempo. Y queda solamente la posibilidad humana de verificar los documentos del proceso que lógicamente están todos cuadrados entre ellos y con las informaciones registradas en el sistema.

El único peldaño que queda suelto en este proceso es precisamente el conteo físico de lo que se dice se recibió, y esta parte es salvada con la participación activa del personal de compras y contrataciones, quien no debería tener acceso físico a Suministros, pero que tratándose de un trabajo en equipo y por el bien de la verticalidad y de todos se asegura que todo este cuadrado y hasta registra si es necesario las entradas específicas de almacén.

Por eso es personal clave de confianza junto al Administrativo. Un elemento sistémico que podría estar apoyando estas hipótesis, es la parte que realiza normalmente la gente de informática que asigna los privilegios de acceso y autorizaciones para registrar, corregir, actualizar operaciones. Así como la creación o asignación de usuarios reales o virtuales.

Viendo todas estas hipótesis, es previsible que no solo las entidades que explotan con algún escándalo, haya estado practicando las actividades denunciadas por la cámara de cuentas. Sino que otras entidades pudieran estar teniendo este tipo de situación. Algunas de las cuales han sonado con temas de malas prácticas pero que no repercutieron mas allá de la opinión publica. Lo lamentable es que la cámara de cuentas no accione de manera pro activa, sino lo hace producto de los escándalos, las presiones sociales o la prensa nacional.

De hecho, en el último escándalo, ahora lucen tirarse la pelota, tanto la contraloría general de la república como la cámara de cuentas. Uno por la potencial complicidad con las UAIs donde quiera que estén. Y la otra por la aparente incompetencia que han mostrado para realizar las auditorias con la recurrencia, planificación, oportunidad y calidad técnica adecuadas.


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