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Denuncian Procuraduría omite pago millonario a gobernantes de RD revelado por funcionario de Odebrecht

Santo Domingo.-  El Ministerio Público validó el testimonio del Tesorero Internacional de Odebrecht, Luiz Eduardo Da Rocha Soares, y lo presentó ante el juez Francisco Ortega Polanco como prueba contra el empresario imputado Ángel Rondón Rijo, en los documentos en los que se comprueba una omisión absoluta (como elemento de prueba o motivo para investigación) de la afirmación del funcionario del consorcio brasileño, de que valores entregados por la empresa al ahora imputado dominicano (Rondón) iban dirigidos en primer lugar “a Gobernantes de la República Dominicana”.

El juez Ortega también recibió esos documentos, los estudió, pero como el Ministerio Público no hizo ninguna petición en relación con los “Gobernantes de la República Dominicana”, no le era posible proceder ampliando la investigación, dado que la misma corresponde exclusivamente a los fiscales.

El 2 de junio del 2017, a las 4:20 minutos de la tarde, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia recibió del Ministerio Público el “depósito de pruebas complementarias” contra los imputados por el caso Odebrecht, y sobre los cuales pesaba la petición de medidas de coerción de 18 meses de cárcel para todos.

En el punto uno de las pruebas complementarias dirigidas al juez Francisco Ortega Polanco, Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, deposita el acto número 52-2017, del 19 de mayo del 2017, realizado por la interprete judicial Laura María Serra Nova, quien hizo la traducción del oficio No. 1117/2017/ACRIM/SCI/PGR, de fecha 20 de abril y remitido por el Ministerio Público de Brasil, que contiene los siguientes documentos:

Acuerdo de admisión de culpabilidad USA

Acuerdo de lenidad de Brasil

Declaración de colaboradores: empleado 1, y otras tres declaraciones más, del empleado 54, es decir de Marco Antonio Vasconcelos Cruz

Acento posee copia del acto 52-2017, firmado por Vladimir Barros Aras, Procurador Regional de la República y secretario de Cooperación Internacional, del Despacho de la PGR de Brasil, en donde se incluye y se validan las declaraciones de varios colaboradores, incluyendo el que ellos definen como el empleado colaborador Número 1, que no es otro que Luiz Eduardo Da Rocha Soares. Ese documento también tiene el sello de recibido de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.

En ese documento es que aparece la confesión de Luiz Eduardo Da Rocha Sousa, como tesorero internacional de Odebrecht, de haber entregado fondos a Ángel Rondón, para “distribuir esos valores a Gobernantes de la República Dominicana”.

Sin embargo, cuando el Ministerio Público hizo su presentación ante el juez de Instrucción del caso, Francisco Ortega Polanco, en la audiencia del 31 de mayo del 2017, el tribunal recoge las conclusiones del Ministerio Público sobre la delación del señor Luiz Eduardo Da Rocha Soares, y omite absolutamente la mención que éste hace del dinero entregado a los “gobernantes de la República Dominicana”, y lo utiliza sólo como un documento de prueba contra el señor Ángel Rondón.

Luiz Eduardo da Rocha Soares

El documento del tribunal de Instrucción dice lo siguiente:

“Oído: al Ministerio Público continuar con sus alegatos y presentación de su solicitud, manifestando que los pagos realizados al imputado se organizaron con una estructura de manera tal que no pudieran ser sospechosos, es por esto que se realizaron a través de empresas incluyendo CONAMSA Internacional, Lashan Corporation; el brasileño Luiz Eduardo Da Rocha Soares indica que se realizaban los pagos a estas empresas cuyo beneficiario era el imputado Ángel Rondón, señalando que hacía una distribución de esos valores para los funcionarios de este país, esta información también es confirmada por el ex ejecutivo de la compañía Constructora Norberto Odebrecht, el testigo Marco Vasconcelos Cruz….

La omisión en este punto es obvia. Los fiscales no incluyeron la declaración de Luiz Eduardo Da Rocha Soares sobre los dineros entregados a “los Gobernantes de la República Dominicana”, y prefirieron derivarlo sólo como dinero entregado a “los funcionarios de este país”.

En su resolución No. 47/2017, el magistrado Francisco Ortega Polanco asumió la solicitud del Ministerio Público, y no le era posible decidir la ampliación de la investigación a los “gobernantes de la República Dominicana”.

Por eso en la página 39 de su resolución de medidas de coerción, Ortega Polanco dice lo siguiente: “Considerando: que, de la exposición del Ministerio Público, los presupuestos presentados como fundamento y contradichos por las partes, este tribunal ha estimado atendibles para sustenta esta decisión, en los términos de lo que significa estrictamente la audiencia para la medida de coerción los siguientes elementos con relación a cada imputado, tal y como se describe a continuación:”

Y a seguidas iniciar las medidas de coerción con cada uno de los imputados por el Ministerio Público. Cuando llega al caso de Ángel Rondón, dice que éste “habría sobornado a funcionarios y legisladores con la finalidad de beneficiar a la Constructora Norberto Odebrecht en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos en la República Dominicana, siendo este imputado el principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada, señalado en ese sentido por el ex gerente general de la Constructora Norberto Odebrecht , en la República Dominicana, el brasileño Marco Antonio Vasconcelos Cruz, así como por los señores Ernesto Sá Viera Baiardi, en torno a la elaboración de los contratos simulados; el brasileño Luis Eduardo Da Rocha Soares, en torno al argumento de que el dinero se depositaba en las cuentas de las compañías constituidas por Ángel Rondón o vinculados a este:

Los contratos de obras de obras de construcción de Odebrecht, adheridos a préstamos, eran firmados por los ministros de Obras Públicas con una autorización del presidente de la República.

Todos los contratos de Odebrecht fueron aprobados por los ex presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, así como por el actual presidente Danilo Medina.

En la administración de Mejía solo se contrataron dos obras para Odebrecht, que fueron el acueducto de la Linea Noroeste, y la presa de PInalito. La gran mayoría de los contratos se firmaron en la administración de ocho de Leonel Fernández y en la primera administración del actual mandatario Danilo Medina.

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