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Una nueva perspectiva para la creación de un plan de seguridad ciudadana eficiente

Por: Rafael G. Guzmán Fermín

Santo Domingo. – El pasado 7 de noviembre, los citadinos fuimos sorprendidos por la resolución MIP 0072 del Ministerio de Interior y Policía que anunció la reducción del horario de expendio de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo a partir de las 12:00 de la medianoche hasta las 8:00 de la mañana, como recurso para mantener la seguridad de la población.

Medida sustentada en el supuesto cálculo del índice de criminalidad por parte de la dirección de estadísticas de ese ministerio, el cual arroja que, a partir de las 12:00 de la noche es cuando se produce el aumento de los actos delictivos.

Ahora, me resulta errado y hasta extraño que ellos puedan calcular correctamente el incremento de los diferentes actos delictivos tomando sólo como parámetro de cálculo la “tasa de homicidios”, sin incluir los demás indicadores que contienen el índice de criminalidad en cualquier parte del mundo, como las tasas de robos, asaltos, atracos, robo de vehículos, secuestros, heridos por armas de fuego y heridos de armas blancas, entre otras variables.

En tal sentido, de acuerdo con el comportamiento criminal, que como sabemos, el crimen no es estático, sino que se desplaza de manera dinámica, constituye un absurdo la limitación de horarios, que afecta enormemente el desenvolvimiento económico de amplios sectores y hasta pudiera llevar a la quiebra a miles de negocios, especialmente en la época navideña, pues los delincuentes al no encontrar sus víctimas a partir del horario establecido, simplemente se desplazarán a cometer sus fechorías en horas más tempranas.

Como podemos apreciar, parece que la incapacidad profesional, la ausencia de un adecuado plan de seguridad pública y el uso de la improvisación como recurso, han llevado a tomar una medida absurda, anti política y errada, prefiriendo sacar a los buenos ciudadanos de las calles en vez de meter presión y acorralar a los delincuentes.

En tal razón, para la elaboración de un plan de seguridad ciudadana serio y profesional es estrictamente necesaria la confiabilidad en cualquier tipo de cifras estadísticas y metodología correcta para la recolección de los datos destinados a los fines de ser sistemáticamente tabulados, con el fin de ser utilizados en la ecuación para calcular el índice de criminalidad.

El gran desenfoque de los cálculos estadísticos del ministerio de Interior y Policía es focalizarse obstinadamente en que la “tasa de homicidios” es igual al índice de criminalidad. ¡Nada más falso!

A tal efecto, como su nombre lo indica, la palabra  real hace referencia a la totalidad del fenómeno de la criminalidad, o sea, a la sumatoria de todos los delitos, contravenciones y demás conductas desviadas de relevancia criminológica que tienen ocurrencia en una sociedad determinada, durante un tiempo determinado, independientemente de que las referidas conductas hayan o no llegado al conocimiento de los organismos encargados del ejercicio institucional de dar respuesta social contra esas formas de comportamiento divergente definidas, por los profesionales del tema, como socialmente nocivas.

A manera de ilustración compartimos la siguiente ecuación:

Índice de Criminalidad= ∑ (tasa de homicidios + tasa de robos + tasa de asaltos + tasa de atracos + tasa de robo de vehículos + tasa de secuestros) ÷ 100,000 habitantes

Ecuación inadecuada del ministerio:

Indice de Criminalidad= ∑ tasa de homicidios ÷ 100,000 habitantes

Como podemos observar, no es tan simple como centrarse equivocadamente en la tasa de homicidios, sino que para disminuir los índices de criminalidad es obligatoriamente preciso trabajar simultáneamente todos los demás indicadores delictuales, pues de continuar con esta errada metodología, continuarán cometiendo los mismos desaciertos y las desafortunadas improvisaciones.

En otros términos, los informes estadísticos son funcionales en la medida en que sean adecuadamente utilizados, así como de una metodología confiable.

Si bien es cierto que el homicidio es reconocido como el delito más grave y el más cuantificable en el tiempo permitiendo hacer estudios más confiables, no menos cierto es que existen otras manifestaciones de violencia y criminalidad que afectan profundamente a la población, y por lo tanto es pertinente incluirlos dentro de este mismo índice, para poder tener una perspectiva completa del comportamiento de los problemas de seguridad.

Estos datos también serán útiles para los estudios que, desde las ciencias de la criminología, sirven para atacar las causas que originan los actos de violencia y delincuencia, y dejar la errónea práctica de “reaccionar” a los delitos con los inútiles “operativos” policiales. En razón a todo lo esbozado, sugerimos al Ministerio de Interior y Policía, para que pueda de una vez por todas diseñar correctamente un verdadero plan de seguridad pública, dividir las diferentes manifestaciones de la criminalidad en cuatro grupos, teniendo en cuenta el Código Penal Dominicano: delitos contra la vida e integridad personal, contra la libertad personal individual, contra la Seguridad Pública y contra el patrimonio económico.

Especificando que en el primer grupo se encuentran el homicidio y las lesiones comunes, en el segundo grupo el secuestro, en el tercero el terrorismo y en el último, toda clase de robos, atracos, asaltos, contrabando y la extorsión.

Y para fortalecer una de las debilidades de los análisis de las estadísticas sobre la criminalidad referentes a las cifras “negras”, o sea, la captura de casos que no han sido denunciados por los ciudadanos, ya sea por desconfianza en las autoridades o por preservación del honor, recomiendo la realización de “encuestas de victimización”, que a la vez permiten medir la percepción que tienen las víctimas sobre el crimen, los problemas de la criminalidad y el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

Finalmente, aguardamos que este humilde aporte contribuya a la correcta reorientación de la errática Política de Seguridad Pública del Estado, como una colaboración en base a la experiencia adquirida como prenda de garantía nuestra, para el correcto diseño de los planes de seguridad integrales a nivel nacional, regional y local, con el objeto de que el país recupere la necesaria convivencia democrática, su calidad de vida y la libertad en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

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